Con el ofrecimiento de ayuda militar de la agencia antiinmigratoria europea (Frontex) y el compromiso de Marruecos de facilitar las "devoluciones en caliente" a ese país, el Gobierno Español desplegó el Ejército en Ceuta desatando una escalada reaccionaria contra los migrantes y provocando ya 34 muertos. Reproducimos a continuación un artículo de IzquierdaDiario.ES, parte de nuesta Red Internacional en el Estado español.
Viernes 31 de julio Edición del día
El Ejecutivo de Pedro Sanchez ha aprobado desplegar al Ejército español en Ceuta. Los primeros militares ya patrullan las calles y playas en operativos conjuntos con la Guardia Civil y la Policía Nacional.
La Unión Europea, por su parte, ha ofrecido el apoyo de Frontex, el cuerpo de control de fronteras responsable de decenas de miles de muertes en el Mediterráneo.
Por último, la dictadura marroquí ha acordado con el ministro del Interior, Grande-Msrlaska, aceptar las llamadas "devoluciones en caliente" de quienes han entrado en el enclave colonial español.
Tratan así de hacer frente con una represión, que se desconoce hasta donde puede escalar, a una columna de varios kilómetros de migrantes que esperan junto a la frontera para cruzar.
Las primeras terribles consecuencias ya son un hecho. Al menos 34 personas habrías perdido la vida producto de la cada vez mayor presión represiva sobre quiénes tratan de cruzar la frontera.
El Gobierno de los "progresistas" PSOE y Sumar opta por reproducir línea a línea una hoja de ruta que complace los pedidos de la extrema derecha, la derecha y sus socios europeos.
Tanto la extrema derecha españolista de Vox como la derecha tradicional del Partido Popular (PP) habían pedido el despliegue del Ejercito y que quienes fueran interceptados en la frontera fueran devueltos de inmediato. El gobierno de Sánchez y Díaz está intentando cumplir letra a letra este plan.
Al mismo tiempo, el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, del PP, reclama declarar la emergencia nacional y un mando único para gestionar la situación. Mientras PP y Vox aprovechan para exigir un endurecimiento todavía mayor de la política migratoria y nuevos cambios legislativos que faciliten las expulsiones.
Es muy previsible que estás propuestas ultras terminen siendo asumidas también por el llamado gobierno "progresista".
La imagen de soldados patrullando la frontera recuerda inevitablemente a la crisis de mayo de 2021. Entonces, el Ejecutivo de Pedro Sánchez junto a la formación neoreformista de Pablo Iglesias, Unidas Podemos, respondió con devoluciones en caliente, incluyendo a 800 menores, y una estrecha coordinación con la monarquía marroquí para restablecer el control fronterizo.
Cinco años después, la respuesta vuelve a ser la misma: más presencia militar, más colaboración policial con Marruecos y nuevas devoluciones aceleradas para impedir que quienes huyen de la pobreza, la falta de perspectivas o la represión puedan ejercer su derecho a solicitar protección internacional.
Mientras tanto, al otro lado de la frontera se acumula una enorme columna de personas que esperan la oportunidad de cruzar. Distintas informaciones apuntan a que la fila alcanza ya unos cinco kilómetros de longitud, reflejando la magnitud de una crisis que no se resolverá con más uniformes ni más alambres de púa.
La presión migratoria sigue creciendo porque también lo hacen las causas que la provocan: el expolio imperialista y las guerras que condenan a millones de personas a abandonar sus hogares. La responsabilidad del imperialismo europeo y español en este expolio es histórica e inegable.
A esta escalada se suma ahora la implicación directa de la Unión Europea. Frontex ha ofrecido asistencia al Estado español para reforzar el control de la frontera exterior de la UE, un movimiento que vuelve a situar a la agencia europea en el centro de una política migratoria basada en la securitización, el blindaje de las fronteras y la externalización en gobiernos cipayos de las medidas más brutales, como los campos de concentración o las vulneraciones más graves de derechos humanos.
Desde hace años, Frontex ha sido denunciada por organizaciones de derechos humanos por su papel en devoluciones ilegales y vulneraciones del derecho de asilo en distintas fronteras europeas. La respuesta de Bruselas vuelve a ser la misma: más recursos para impedir el paso de personas migrantes, mientras se niegan vías seguras y legales para migrar.
El gobierno insiste en que está movilizando "todos los recursos necesarios" y mantiene una estrecha coordinación con Marruecos para acelerar las repatriaciones.
El gobierno central y la derecha y extrema derecha coinciden en lo fundamental en este tema. Son firmes defensores de las causas estructurales que empujan a miles de personas a jugarse la vida en el mar: el expolio y la injerencia imperialista en África y otras regiones del mundo.
Las mismas multinacionales europeas que obtienen enormes beneficios mediante el expolio de recursos naturales y mano de obra barata en África, junto con las políticas comerciales y militares de la Unión Europea, alimentan las condiciones que fuerzan estos desplazamientos.
Frente al consenso de PSOE, PP, Vox y la propia Unión Europea en torno al cierre de fronteras, resulta necesario defender una política radicalmente opuesta: el derecho a la libre circulación, el fin de las devoluciones en caliente, el respeto efectivo al derecho de asilo, la apertura de vías legales y seguras para migrar y el combate a las políticas imperialistas que condena a millones de personas y pueblos de todo el mundo a la miseria y convierten el Mediterráneo y la frontera sur en una gigantesca fosa común.
Es urgente que desde la izquierda anticapitalista, las organizaciones sindicales y los movimientos antirracistas y por los derechos de los inmigrantes organicemos una respuesta inmediata para poner freno a esta escalada represiva que puede tener consecuencias fatales y seguir alimentando el mounstruo de la extrema derecha.
Esta respuesta debe defender sin ambigüedades el derecho a migrar y la regularización de todas las personas migrantes con plenos derechos sociales, laborales y políticos. Eso implica derogar la Ley de Extranjería, cerrar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y poner fin a las políticas de externalización y blindaje de fronteras impulsadas por el Estado español y la Unión Europea, así como terminar con los enclaves coloniales de Ceuta y Melilla mediante su devolución a Marruecos.
Esta batalla también requiere un enfoque claramente anticapitalista, que sitúe la responsabilidad de la crisis social en los grandes capitalistas, y no en quienes se ven obligados a emigrar. Frente al discurso que presenta a las personas migrantes como una amenaza para los derechos sociales, es necesario defender medidas que beneficien al conjunto de la clase trabajadora, como el reparto de horas de trabajo sin reducción salarial, la expropiación de los especuladores para garantizar el acceso a la vivienda y grandes impuestos a las grandes fortunas y beneficios de las grandes empresas para financiar unos servicios públicos de calidad.
Al mismo tiempo, es imprescindible una perspectiva antiimperialista que apoye las luchas antiimperialistas de los pueblos frente al saqueo económico y la injerencia de las potencias europeas. Eso pasa por denunciar el papel de las multinacionales que se enriquecen con la explotación de recursos y mano de obra en África y otros territorios, exigir su salida, el retorno del capital y activos en su poder y el pago de responsabilidades por décadas de expolio.
Frente al endurecimiento de las políticas migratorias, al avance de la extrema derecha y al consenso cada vez más amplio en torno al cierre de fronteras, la mejor respuesta pasa por fortalecer la unidad de la clase trabajadora, nacida aquí o en cualquier otro lugar. Solo la organización conjunta de quienes comparten condiciones de explotación, junto con la solidaridad activa con los pueblos que resisten al imperialismo, puede ofrecer una alternativa al racismo institucional, a la división social y al crecimiento de las fuerzas reaccionarias.




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