miércoles, 20 de mayo de 2026

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Se hacen públicas torturas y humillaciones contra activistas de la Global Sumud Flotilla bajo supervisión de Ben-Gvir

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Las denuncias internacionales contra el Estado de Israel continúan creciendo tras la interceptación de la Global Sumud Flotilla y la Freedom Flotilla Coalition (FFC), atacadas en aguas internacionales cuando se dirigían hacia Gaza con ayuda humanitaria destinada a romper el bloqueo impuesto sobre la Franja. Más de 400 activistas internacionales permanecen detenidos mientras se multiplican las acusaciones por torturas, agresiones y humillaciones sistemáticas.

 

En las últimas horas comenzaron a difundirse videos que muestran escenas de violencia física y degradación contra las personas secuestradas por las fuerzas israelíes. Uno de los registros fue publicado por el propio ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, referente de la extrema derecha sionista, donde se observa a soldados y guardias penitenciarios golpeando y hostigando a integrantes de la flotilla en el puerto de Ashdod.

La presencia de Ben-Gvir en el operativo ha sido denunciada por organizaciones de derechos humanos como una demostración explícita de respaldo político a los abusos cometidos contra los activistas. Diversas fuentes sostienen que el ministro acudió personalmente al centro de detención para supervisar el dispositivo represivo desplegado contra participantes de la misión humanitaria.

Otro video difundido por la ministra de Transporte israelí, Miri Regev, muestra cómo desde el propio gobierno se impulsa una campaña de criminalización contra las personas detenidas, calificándolas de “partidarias del terrorismo” y profiriendo insultos y vejaciones. Imágenes atribuidas al periodista israelí Moti Kastel exhiben además a varios activistas arrodillados, esposados con las manos a la espalda y obligados a mantener el rostro contra el suelo mientras suena el himno nacional israelí.

La organización palestina de abogados Adalah denunció que Israel está aplicando “una política criminal de abusos y humillaciones” contra quienes participaron de la iniciativa internacional de solidaridad con Gaza. En un comunicado, señalaron que “tras la interceptación ilegal de la flotilla en aguas internacionales y el secuestro de más de 400 activistas de todo el mundo, Israel continúa profundizando una política sistemática de violencia contra quienes intentan denunciar los crímenes cometidos contra el pueblo palestino”.

Adalah recordó además que este tipo de prácticas represivas no constituyen hechos aislados. La organización ya había documentado malos tratos similares contra participantes de flotillas anteriores, sin que el Estado israelí enfrentara consecuencias ni sanciones internacionales.

Tras varias horas sin información sobre el paradero de las personas detenidas, abogados de la organización lograron finalmente acceder al puerto de Ashdod para brindar asistencia legal. Según familiares y equipos de apoyo, los activistas serían trasladados a la prisión de máxima seguridad de Ketziot.

“El riesgo de violencia por parte de Israel es real”, advirtió el Equipo de Comunicación de Amigos y Familiares de la Flotilla, que también denunció la escalada represiva y la ausencia de respuestas por parte de gobiernos y organismos internacionales.

La Global Sumud Flotilla había partido desde Barcelona y otros puertos del Mediterráneo como parte de una campaña internacional contra el bloqueo, la hambruna y la devastación provocada por la ofensiva israelí sobre Gaza. La respuesta del gobierno de Benjamin Netanyahu vuelve a evidenciar una política de fuerza dirigida no solo contra la población palestina, sino también contra activistas internacionales, personal sanitario y defensores de derechos humanos.

Mientras continúan las movilizaciones de solidaridad en distintos países, organizaciones políticas y humanitarias exigen la liberación inmediata de todas las personas detenidas y responsabilizan directamente al Estado israelí por su integridad física y psicológica. También reclaman a los gobiernos europeos y occidentales el fin de la colaboración política, económica y militar con Israel, denunciando la complicidad internacional frente a la represión y la violencia ejercida contra la solidaridad con Palestina.

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