viernes, 24 de abril de 2026

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La Ley miscelánea de Kast y las trampas de un neoliberalismo ortodoxo

...el paquete de medidas (...) corresponde a recetas de manual neoliberal.

 
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escribe José Miguel Neira Cisternas - abril de 2026


Comienzo por calificar este proyecto legislativo como propio de un neoliberalismo ortodoxo.

Porque el paquete de medidas impulsadas por el ministro Quiroz, levemente morigeradas tras las conversaciones que con parlamentarios y luego partidos de la centroderecha (PDG y PPD) sostuvo García Ruminot en pos de un necesario pirquineo de votos, corresponde a recetas de manual neoliberal.

Es decir destinadas a provocar el shock, pero encubiertas por el argumento de una crisis que, en el caso de un sistema republicano, incluye la provocación para un encrispamiento social de ciudadanos y partidos opositores, ambiente necesario para justificar medidas de emergencia que puedan superar los impases, mediante una batería de decretos, forma última de soslayar los debates.

La doctrina del shock, ya fue debidamente expuesta y difundida por la destacada intelectual británica Naomi Klein a partir de 2007, como la historia no oficial del libre mercado, que emplea métodos violentos como resultado de la aplicación de métodos psiquiátricos al tratamiento de lo político con el objetivo de generar sumisión, por pérdida de voluntad, reformateo de la mente y finalmente imponer una paz social productiva: la paz colaboracionista de una parte de los vencidos.

La aplicación de esta doctrina perversa, fue denunciada con antelación, mediante las dos cartas públicas que André Gunder Frank envió en agosto de 1974 y abril de 1976 a Milton Friedman y Arnold Haberger, máximos representantes de la escuela de Chicago, con motivo de su asesoría económica a los ministros neoliberales de la Junta Militar chilena.

Ambos provenientes del Departamento de Economía de aquella Universidad, conocida en los Estados Unidos como la Universidad de Rockefeller, institución que luego de un acuerdo con la Pontificia Universidad Católica, recibió por casi dos décadas a economistas chilenos a punto de egresar y a post graduados desde mediados de la década de 1950.

Cabe destacar que la demolición de nuestro precario Estado de Compromiso o de Bienestar, constituía un objetivo central de Friedman y Haberger, anterior al momento de firmarse el acuerdo interuniversitario, luego de que sus viajes a Chile les llevaran a calificar de “absurdos los intentos que se hacían” en este país “para vivir por encima de sus subdesarrollados recursos, manteniendo un Sector Público demasiado grande, una burocracia demasiado voluminosa y un sistema de sanidad y un Seguro Social desproporcionados”…

Estos “implican distorsiones que perturban y desequilibran la libertad del mercado.”

En su primera carta, Gunder Frank les dice a los guías de este experimento neoliberal, que la política de shock de la dictadura que apoyan, provocó un alza de productos de la canasta básica de entre 10 a 15 veces, antes de cumplirse un año de su instalación.

Cabe destacar que los dos gobiernos populistas de nuestra república, el primero de Arturo Alessandri con la Misión Kemmerer (1925) y el segundo de Carlos Ibáñez con la Misión Klein-Saks (1955), intentaron enfrentar dos crisis de posguerra, recurriendo a las recetas de economistas norteamericanos que, en ambos casos, recomendaron ajustes, y que la de mediados de la década del 50 fue el primer intento de políticas claramente neoliberales como la disminución del gasto público y restricción del crédito, que contrajeron la productividad y culminaron en un aumento de la cesantía.

El desempleo desató la protesta y los luctuosos sucesos del 2 de abril de 1957. También debemos tener presente que dicha intervención puso a Chile en el centro de posibles experimentos económicos, dado el interés estratégico que nuestro país representaba para las inversiones norteamericanas como el peligro de que políticas estatales en contrario, pudieran replicarse en el resto del continente.

La Ley miscelánea del gobierno de José Antonio Kast, hermano de Miguel Kast -uno de los principales asesores de Pinochet y Ministro de la Oficina de Planificación Nacional ODEPLAN- busca mediante la reducción del Impuesto Corporativo a las grandes empresas, otorgar seguridad económica a la rentabilidad de los superricos, para lo cual pretende agregar una invariabilidad tributaria de veinticinco años.

Así tenemos lo que, con precisión en el uso de las cifras y trayectoria de analista político avezado, Francisco Vidal llama una Contrarreforma Tributaria.

Las invariabilidades tributarias son, además de un intento destinado a garantizar rentabilidades difíciles de obtener en escenarios cambiantes, actos hegemónicos que impone la parte más fuerte.

Así fue en el Tratado entre Chile y Bolivia de 1874, que impuso un desventajoso monto invariable de impuestos, a pagar por las compañías salitreras durante veinticinco años y que, como sabemos, obligó al gobierno altiplánico a intentar modificar elevando su tributación, lo que ante la negativa empresarial de pagar y amenaza de remates por parte de la autoridad boliviana, dio el pretexto para iniciar la guerra empresarial con la toma de Antofagasta en 1879.

El caso que hoy aquí tratamos, es el de una guerra social interna contra el conjunto del pueblo chileno, que ve atada su suerte a la del gran empresariado dueño del país y asociado al capital transnacional, en que el gobierno, bajo excusa de austeridad, recorta $517 mil millones en salud (construcción de hospitales, contrato de personal e insumos médicos) y $524 mil millones en educación (construcción de establecimientos, contratación de personal docente y de apoyo psicopedagógico, becas alimenticias).

Luego, bajo idéntico argumento, se anuncia una rebaja de impuestos que regala 4.393 millones de dólares por año al 1% más rico de nuestro país.

Digámoslo claro: esto no es prioridad para reconstrucción de zonas devastadas por incendios, sino un mal encubierto proceso restaurador de la riqueza, levemente afectada desde que en 1991 se iniciara un paulatino y consensuado proceso de reformas tributarias a empresas que pagaban incluso menos de un 17% de utilidades, los tributos más bajos de América Latina.

Estamos en presencia de un chantaje emocional, al pretender mediante un discurso que apela a la solidaridad, la aprobación en un solo paquete legislativo, de una transferencia cuantiosa de recursos a los super ricos, montos que el Estado dejará de percibir frente a un incierto número de capitales que, de obtenerse como ganancia de privados, hipotéticamente podrían destinarse a la reinversión productiva en el territorio nacional.

El Ministro Quiroz, gran defensor de la colusión empresarial -un delito económico-, pretendió un recorte transversal de 3% en todos los ministerios, equivalente a más de 4.000 millones de dólares, sin tener la debida cuenta de que hay ministerios que con recursos siempre insuficientes, atienden necesidades impostergables como salud, educación, vivienda, trabajo y previsión social, obras públicas o energía, todo ello sin desmerecer la necesidad de aumentar la inversión en ciencia y tecnología, a diferencia de un Ministerio de Defensa caro e improductivo, salvo para el imperio que nos vende las armas.

En síntesis, estamos ante una redistribución regresiva del ingreso nacional, mientras se levanta el argumento de que se pretende posibilitar una repatriación de capitales.

¿Volverían necesariamente, los capitales que salieron del país en busca de una mayor rentabilidad o para sabotear tímidas políticas redistributivas de nuestros gobiernos progresistas?

Pregúntenle a Trump, guía hemisférico del país del norte acerca de cómo le ha ido en similar propósito. Nosotros, persistimos en el argumento histórico de quienes luchamos por la justicia en contra del capitalismo: el capital no tiene patria.

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