Educación. Contra la educación de mercado de Kast: Retomemos el programa histórico del movimiento educacional
La nueva ministra María Paz Arzola es economista y coordinó el Programa Social del centro de investigación de derecha Libertad y Desarrollo. De carácter técnico y dialogante, según sus cercanos, es definida como una dura crítica de las políticas educativas de Bachelet II. y con mayor razón, opositora del programa histórico del movimiento estudiantil y docente que abogó por más: gratuidad total financiada en base a aportes basales directos a las instituciones del estado.
Gabriel Carrillo MuñozLicenciado en Historia y Profesor Educación Media
Domingo 29 de marzo 07:54
La visita del gobierno de José Antonio Kast al Liceo Augusto D’Halmar durante su primera semana no fue un gesto inocente. Fue una señal política nítida: este será un gobierno que premiará a los “mejores”, que celebrará los resultados y que buscará convertir a ciertos establecimientos en modelos a seguir. En otras palabras, un gobierno que reorganiza la educación en torno al mérito, la competencia y la diferenciación.
Pero tras ese discurso aparentemente razonable ¿Quién podría oponerse a valorar el esfuerzo o los buenos resultados? se esconde una definición profundamente ideológica: el abandono de la educación como derecho social y su reemplazo por un sistema de premios y castigos.
Excelencia para algunos, abandono para el resto
Cuando la ministra destaca que el D’Halmar es un liceo que “se abstrae de los conflictos políticos” y logra altos resultados, no solo está elogiando una experiencia. Está estableciendo un criterio: las comunidades educativas valiosas son aquellas que rinden, que no cuestionan y que se adaptan. Aquellas que están “despolitizadas”.
El problema es que ese criterio borra de un plumazo una realidad evidente: los resultados educativos no son producto exclusivo del esfuerzo individual o de la gestión interna, sino de condiciones sociales desiguales. Convertir casos de éxito en norma equivale a responsabilizar a quienes no alcanzan esos estándares, naturalizando la desigualdad. No es solo una política educativa. Es una forma de ordenar la sociedad.
La “libertad de elegir” como expansión del mercado
Las propuestas del ministerio apuntan en una dirección coherente: reducir regulaciones, facilitar la apertura de colegios subvencionados y ampliar la participación de privados, fundaciones y gremios empresariales en la educación.
Bajo el lenguaje de la “libertad de elección”, se profundiza el modelo de mercado educativo instaurado durante la Dictadura de Augusto Pinochet: un sistema donde las escuelas compiten por estudiantes, los estudiantes compiten por cupos y el Estado actúa como subsidiario antes que como garante. En esto los establecimientos subvencionados querrán expandir su recolección de fondos públicos. Posibilitando la expansión del lucro.
En este marco, la crítica al Sistema de Admisión Escolar, la llamada “tómbola”, no es técnica, sino política. Lo que se cuestiona no es su eficiencia, sino su principio: la igualdad de acceso. La “flexibilidad” que se propone no es otra cosa que la reintroducción de mecanismos de selección que permitirán a los establecimientos elegir, directa o indirectamente, a sus estudiantes. El resultado es conocido: más segregación, más competencia, más desigualdad. En este punto es interesante destacar que fue el propio gobierno de Gabriel Boric el que abrió la puerta para cuestionar el SAE y con ello trajo a La Moneda varias veces a estos tecnócratas como Arzola para que hablaran en favor de reponer la selección.
La tiranía del mérito
En este punto, el debate trasciende Chile. En su libro “La tiranía del mérito", el profesor de filosofía Michael Sandel plantea una crítica demoledora a las sociedades contemporáneas: el mérito no es una medida justa del esfuerzo individual, sino una narrativa que legitima las desigualdades existentes.
Según Sandel, quienes triunfan tienden a creer que su éxito es exclusivamente fruto de su talento y esfuerzo, olvidando el peso de las condiciones sociales, familiares y económicas. Y quienes quedan atrás no solo sufren la desigualdad material, sino también la humillación moral de ser considerados responsables de su propia situación.
Aplicado a la educación chilena, el discurso del mérito cumple exactamente esa función: transforma desigualdades estructurales en diferencias “justificadas”. El estudiante que accede a un liceo de alto rendimiento no es visto como alguien que tuvo más oportunidades, sino como alguien que “lo merece”. Y quien queda fuera, como alguien que no estuvo a la altura. El mérito deja de ser un criterio y se convierte en una coartada.
Según la OCDE Chile es uno de los países con menor movilidad intergeneracional y donde el origen socio económico sigue siendo el principal predictor del rendimiento educativo de un estudiante. Lo mismo lo demuestran los resultados de las pruebas como PISA en donde la clase social explica el rendimiento académico.
Más allá de Sandel: la crítica marxista
Sin embargo, la crítica de Sandel, siendo potente, se queda a medio camino. Porque no cuestiona el fundamento del sistema que produce esas desigualdades: el capitalismo.
Desde una perspectiva marxista, el problema del mérito no es solo moral, sino estructural. En una sociedad basada en la competencia, la acumulación y la propiedad privada, el “mérito” cumple una función ideológica central: justificar la distribución desigual de la riqueza y las oportunidades.
No se trata de que el mérito está mal aplicado. Se trata de que, en una sociedad de clases, el mérito es necesariamente ficticio. Como lo plantearía la tradición marxista, las condiciones materiales de existencia, el origen familiar (de clase), el acceso a recursos, el capital cultural, determinan en gran medida las trayectorias educativas.
En ese sentido, la educación bajo el capitalismo no puede ser verdaderamente igualitaria, porque está atravesada por las mismas relaciones de desigualdad que estructuran la sociedad. El ideal meritocrático, entonces, no corrige la desigualdad: la reproduce y la legitima.
Autoridad, disciplina y despolitización
Otra discusión que sostiene la nueva ministra es el énfasis del gobierno en “empoderar a los directivos”, reducir la regulación y fortalecer las facultades sancionatorias apunta también a un cambio en la vida escolar: más jerarquía, más disciplina, menos deliberación.
La escuela deja de ser un espacio de formación democrática para convertirse en una organización eficiente, orientada a resultados. La comunidad educativa, docentes, estudiantes, apoderados, pierde protagonismo frente a una lógica gerencial. No es casual que se valore la “abstracción del conflicto”. Una escuela que no cuestiona es una escuela funcional. Por eso hubo represión fuera del liceo Augusto D’Halmar y amenazas de expulsiones a sus estudiantes si se movilizaban el día de la visita.
Otra educación es posible
José Antonio Kast propone un recorte fiscal de 6.000 millones de dólares en 18 meses, lo que ha generado incertidumbre sobre el impacto en educación. El y la la ministra Arzola representan entonces los intereses del mundo privado en educación y la ideología de la competencia de comunidades educativas. Viene a desmontar las reformas iniciadas por Bachelet II, aquellas que se obtuvieron por largos años de lucha del movimiento estudiantil y educacional. El “gobierno de emergencia” de José Antonio Kast quiere barrer con estas políticas. Es un gobierno que quiere desmontar esta suerte de “Estado ampliado” instalado por el segundo gobierno de Bachelet y que, principalmente en materia educacional,
Reformas de Bachelet con las cuales se buscó apaciguar el movimiento estudiantil, cediendo algunas becas y transformando el modelo de admisión y administración de la educación pública, pero sin modificar el modelo de mercado que al día de hoy se mantiene vía voucher por asistencia y matrícula.
Retomemos las demandas históricas de los estudiantes, docentes y mundo educativo
Frente a este proyecto, la defensa de la educación pública no puede limitarse a la gestión o al financiamiento. Es, ante todo, una disputa ideológica. Se trata de afirmar que la educación no es un mercado, que el aprendizaje no es una competencia y que el valor de una escuela no se mide únicamente en pruebas estandarizadas.
Se trata de defender una educación: como derecho social garantizado, como espacio de formación crítico y como proyecto colectivo y no individual. En lugar de premiar a los “mejores”, una educación pública transformadora debe nivelar las condiciones, fortalecer a las comunidades y reconocer que el aprendizaje es un proceso profundamente social y por supuesto poner foco donde más necesidades hay. No al revés.
Porque el problema no es que algunos liceos funcionen bien. El problema es un sistema que necesita que muchos otros funcionen mal para que esos pocos destaquen. Y frente a eso, no basta con ajustes ni reformas técnicas. Se requiere un horizonte distinto: una educación al servicio de la igualdad, la cooperación y la dignidad, no del mérito, la competencia y la exclusión.
Es necesario entonces reponer sobre la agenda política el programa educacional histórico del movimiento estudiantil del 2006 y 2011 y las luchas educacionales que han dado los docentes: luchemos por educación pública, gratuita y de calidad financiada completamente por el Estado y cuyos establecimientos estén bajo control comunitario. Para que todos y todas podamos estudiar bajo las mismas condiciones educacionales hay que superar la lógica de financiamiento por asistencia en donde los establecimientos compiten por financiamiento en vez de ser correctamente financiados para resolver todas las necesidades educacionales. El financiamiento de los establecimientos no debe estar entonces supeditado a lógicas de mercado como resultados de pruebas estandarizadas o el éxito de sus relaciones con el mundo privado. La educación es un derecho social que debe ser garantizado por el Estado. Eso implica no sólo enfrentar la agenda política privatizadora de Kast sino también superar la educación pública precaria que han construido todos los últimos gobiernos chilenos.
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