Gobierno de Kast. Del directorio de las AFP al ente regulador: el prontuario empresarial del nuevo superintendente de pensiones enciende alarmas por conflicto de interés
Este nombramiento evidencia el carácter empresarial del gobierno de José Antonio Kast y de que las instituciones continúan operando en función de los grandes grupos económicos, alejadas de los intereses de millones de trabajadores y jubilados. Para enfrentar el ajuste y los ataques hacia el pueblo trabajador es urgente organizar un paro general construido desde las bases, con la organización activa de estudiantes y trabajadores.
Teresa MelipalSantiago de Chile
Viernes 27 de marzo 07:16
El reciente nombramiento de Joaquín Cortez como superintendente de pensiones vuelve a poner en el centro del debate la estrecha relación entre el poder económico y las instituciones encargadas de regularlo. Su extensa trayectoria en el mundo de las AFP y el sistema financiero ha generado críticas por un evidente conflicto de interés, al pasar directamente desde el ámbito privado al rol de fiscalizador.
Según reveló el medio Contrapoder, el economista debió desvincularse rápidamente de sus cargos en Prudential Administradora General de Fondos (AGF) y de las filiales de AFP Habitat en Perú y Colombia, donde se desempeñaba como director hasta antes de asumir. Un movimiento que evidencia el carácter problemático de su nombramiento: de “regulado” a “regulador” en cuestión de días.
A esto se suma lo expuesto por la Fundación SOL, que detalla una larga carrera ligada directamente a las AFP. Cortez fue gerente de inversiones de AFP Provida entre 1996 y 2011, además de presidir su directorio en distintos periodos. Posteriormente, ocupó cargos en compañías de seguros como Cofuturo y Corpseguros, consolidando su posición dentro del gran empresariado financiero.
Su trayectoria también se remonta a la dictadura de Augusto Pinochet, donde en 1980 fue asesor del Ministerio de Hacienda, además de desempeñarse en el Banco Central entre 1986 y 1990, en plena implementación del modelo neoliberal que dio origen al actual sistema de pensiones.
Lejos de ser un outsider, Cortez es una figura respetada en los círculos empresariales. Durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, presidió la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), reforzando su perfil como hombre de confianza del gran capital.
Cabe recordar que el propio Cortez debió reconocer en 2021 sus vínculos familiares con la élite del negocio previsional. La entonces presidenta de la asociación de AFP, Alejandra Cox, es su cuñada. Está casado con Cristina Cox Adwanter, hermana de la dirigenta gremial, lo que lo conecta directamente con el corazón del sistema que ahora deberá fiscalizar.
Pero los nexos no terminan ahí. Esta relación lo convierte además en concuñado de Sebastián Edwards, director de Moneda Asset Management, firma que fue indagada por la Cámara de Diputados en el denominado caso de triangulaciones, y que además actuó como garante del fideicomiso ciego del propio Piñera. Una trama de relaciones que refuerza las críticas sobre la estrecha conexión entre quienes administran, regulan y se benefician del sistema financiero en Chile.
Para Venus Reyes, investigadora de la Fundación SOL, este nombramiento “vuelve a tensionar el vínculo entre lo público y lo privado”. Según explicó, se trata de un caso claro de “puerta giratoria”, donde actores del mismo sistema transitan entre roles de regulación y regulación en beneficio de los intereses empresariales.
“Este fenómeno permite que quienes han sido parte del negocio tomen decisiones clave desde el aparato estatal, para luego eventualmente retornar al sector privado”, advirtió Reyes, subrayando además los vínculos tempranos de Cortez con los denominados “Chicago Boys”, como Miguel Kast y Ernesto Silva, durante sus años en la Oficina de Planificación en dictadura.
La pregunta de fondo, plantean desde sectores críticos, es qué se puede esperar de una figura que ha construido su carrera al alero del sistema de AFP, cuando debe encabezar precisamente el organismo encargado de fiscalizarlo.
Hasta ahora, ni la vocera de gobierno ni el Ejecutivo se han referido a estos antecedentes ni al complejo entramado de relaciones que rodea al nuevo superintendente. Mientras tanto, la Superintendencia de Pensiones (organismo "autónomo" encargado de supervisar a las AFP, compañías de seguros y el Instituto de Previsión Social) queda bajo la dirección de alguien profundamente ligado a las mismas entidades que deberá regular.
Frente al avance de un gobierno encabezado por José Antonio Kast, que profundiza los ajustes contra el pueblo trabajador mientras resguarda los intereses de las grandes fortunas, casos como este evidencian la urgencia de enfrentar un régimen al servicio de los superricos. La “puerta giratoria” no es una anomalía, sino una pieza estructural de un modelo que precariza las pensiones, los salarios y la vida misma. Ante esto, se vuelve necesario impulsar una respuesta desde abajo: un paro general construido desde las bases, con la organización activa de estudiantes y trabajadores, que permita frenar estos ataques y abrir paso a una salida en favor de las grandes mayorías.
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