El Salvador. Bukele da un paso más en su política represiva al aprobar la cadena perpetua
Reformó la ley apenas días después de que un grupo de juristas internacionales presentara un informe que señala a su gobierno de cometer crímenes de lesa humanidad. Bukele catapultó su imagen ante las derechas del mundo con sus políticas de mano dura.
Nayib Bukele endurece la represión en El Salvador. A días de que un grupo de juristas internacionales presentara un informe en el que señala que su gobierno comete crímenes de lesa humanidad en el marco de un régimen de excepción que ha deparado en la detención de 91,300 personas, el mandatario salvadoreño y su Congreso afín aprobaron una reforma constitucional para establecer la cadena perpetua en los delitos de homicidio, violación y terrorismo.
Como única política para combatir a las pandillas, Bukele decretó el régimen de excepción desde el 27 de marzo de 2022 y lo ha prorrogado hasta la fecha. Este régimen deja sin garantías constitucionales a las y los salvadoreños. Tanto las organizaciones sociales nacionales como los organismos internacionales han alertado en reiteradas ocasiones sobre la violación sistemática de derechos humanos en El Salvador: miles de detenciones arbitrarias, falta de debidos procesos judiciales, casos de torturas, desapariciones forzadas y muertes en las cárceles. Entre los detenidos están los abogados Ruth Eleonor López y Enrique Anaya, críticos de Bukele.
El reciente informe, que fue elaborado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el Marco del estado de excepción de El Salvador (GIPES), fue presentado el 10 y 11 de marzo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, respectivamente.
Este es el primer informe que señala al país centroamericano de cometer crímenes de lesa humanidad tras la firma de los Acuerdos de Paz y la llegada de la democracia, en 1992. Y da cuenta de que, además de las detenciones masivas, hasta febrero de 2025, en El Salvador había 540 casos de desapariciones forzadas y 403 muertes en las cárceles.
“De verdad me alegra que se hayan quitado totalmente la máscara; así todos, dentro y fuera de El Salvador, pueden ver claramente los objetivos de estas organizaciones, que no son más que los bufetes legales internacionales del crimen. Su objetivo es claro: quieren ver caos en nuestros países”, criticó Bukele el informe, en su cuenta de X. Y, el 17 de marzo, envió al Congreso la reforma constitucional, que fue aprobada de forma exprés. Esta reforma tuvo 59 votos a favor y uno en contra y debe ser ratificada en otra sesión plenaria.
Con la represión, Bukele catapultó su imagen al punto de haber llegado a un acuerdo con Donald Trump para recibir en una cárcel a más de 230 migrantes deportados de Estados Unidos, en marzo del año pasado. Su política represiva es llamativa para los gobiernos de corte derechista en la región, como el ecuatoriano de Daniel Noboa y el chileno de José Antonio Kast.
Diversas organizaciones llevan subregistros sobre las detenciones arbitrarias en El Salvador; algunas hablan de hasta más de 6,000 casos. Bukele aceptó a fines de 2024 que habían detenido a 8 mil personas inocentes. Las detenciones masivas se suman al clima represivo del país centroamericano, donde las calles están militarizadas, hay cierre del espacio cívico, exilio de las voces disidentes y ataques constantes a la prensa y a la sociedad civil organizada.
Leyes retroactivas
Hasta el momento, la Constitución salvadoreña establece que una ley puede ser retroactiva solo cuando favorece al imputado o cuando sea declarada como tal por el Tribunal Constitucional. Pero las leyes se volvieron retroactivas desde que Bukele llegó al poder, en 2019, y esta reforma constitucional no sería una excepción, explica un abogado penalista que charló con PáginaI12 desde el anonimato, por miedo a represalias.
“Mi temor es que la aplicación de esta reforma la hagan hacia atrás y le apliquen la cadena perpetua a todos aquellos que detuvieron desde abril de 2022, por un discurso político del gobierno o por lo que sea”, sostiene el abogado. Para él, antes de 2019 era el Tribunal Constitucional el que resolvía las discusiones en aquellos casos donde se aplicaba la retroactividad de la ley, pero actualmente este tribunal está cooptado por Bukele.
En mayo de 2021, el Congreso afín al oficialismo destituyó en su primera plenaria a los cinco magistrados de este tribunal y al Fiscal General, e impuso en dichos cargos a simpatizantes del gobierno. Esto no solo dio a Bukele más control del aparato estatal para saltarse la Constitución y reelegirse en febrero de 2024, sino que el año pasado también le permitió reformar nuevamente esta norma para reelegirse de forma indefinida.
Eduardo Escobar, director de la organización Acción Ciudadana, la cual trabaja temas sobre transparencia y contraloría pública, señala a este diario que con la aprobación de la cadena perpetua, Bukele busca dos cosas: desviar la atención de las acusaciones del GIPES contra su gobierno y responder a este grupo de juristas que él puede castigar con cadena perpetua a quienes considera criminales, como parte de su estrategia de controlar el discurso público.
En busca de este control, agrega Escobar, el gobierno salvadoreño no se desvincula de los tratados o convenios internacionales, y tampoco deja de responder a las solicitudes de información que le requieren instancias internacionales de derechos humanos, aunque en los informes omita la violencia sistemática que causa el régimen de excepción. “El gobierno sigue contestándoles porque no quieren, y es algo que nunca quiere, que le llamen dictadura”, opina Escobar.
Persecución a voces críticas
En marzo, la organización Cristosal, que trasladó sus operaciones a Guatemala a causa del hostigamiento gubernamental y la detención de López, una de sus abogadas, estableció que desde 2019 hasta 2025, 245 personas sufrieron algún tipo de persecución estatal, desde enfrentar procesos judiciales hasta ser criminalizadas por el oficialismo.
“Entre las personas perseguidas hay múltiples perfiles: voces disidentes, opositores políticos, incluso aliados o exfuncionarios del régimen. En la mayoría de los casos, se dirigen en contra de defensores de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia, es decir, contra personas que tienen un régimen de protección especial en el derecho internacional. Buscan silenciar a aquellas personas que realizan una labor de defensa y protección de los derechos y las libertades”, indica René Valiente, director de investigaciones de Cristosal, en conversación con Página 12.
En mayo del año pasado, Bukele incrementó sus ataques en contra de las voces disidentes. Después de que el periódico digital El Faro publicara un reportaje en tres entregas sobre las negociaciones de su gobierno con las pandillas para bajar los homicidios en El Salvador y que los periodistas a cargo de esta investigación salieran al exilio para resguardarse de represalias, la abogada López fue detenida en su casa.
López trabajaba como jefa de la Unidad de Anticorrupción de Cristosal y desde este lugar había liderado diferentes investigaciones que denunciaban la corrupción del gobierno de Bukele, y ahora es acusada de enriquecimiento ilícito y peculado en un proceso judicial con reserva total. Semanas después también fue detenido el abogado Anaya, luego de criticar la detención de su colega y llamar “dictador” a Bukele en una entrevista televisiva.
Ese mes, el gobierno aprobó la Ley de Agentes Extranjeros para condicionar el trabajo de las organizaciones sociales e imponer un arancel del 30 % a los recursos económicos que reciban del extranjero. Una legislación similar es implementada desde 2020 en Nicaragua por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y así han sido ahogadas las organizaciones sociales y los medios de comunicación.
En junio pasado, una encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas señaló que seis de cada 10 salvadoreños tienen temor de criticar al gobierno. A finales del año pasado, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) registró el exilio de 53 periodistas, y hay decenas de activistas que también abandonaron el país por temor a represalias.
“En El Salvador hay un clima generalizado de miedo. La maquinaria de propaganda y todo lo que ha ocurrido ha hecho que vos, como periodista, tengas que decidir entre autocensurarte o, si no te autocensuras, te censuran o pagas las consecuencias”, señala Sergio Arauz, presidente de la APES y subjefe de El Faro, el periódico que reveló las negociaciones de Bukele con las pandillas y que hoy trabaja desde el exilio.
Fuente: Página 12
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