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Diario electrónico POLITIKA
escribe Andrés Figueroa Cornejo
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El inquilino de La Moneda, José Antonio Kast, escenificó una conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores mediante una actividad organizada por la Asociación Chilena de Seguridad, en el Hospital del Trabajador Achs, en la comuna de Providencia.
El telón de fondo de la iniciativa decía “Día Nacional del Trabajo”. Igual que la expresión acuñada por la Alemania nazi en 1934 que desnaturalizó violentamente los significantes que referían a cuestiones totalmente opuestas a su contexto de producción original. Es evidente que Kast y su equipo de propaganda, intentan emular y traer a la actualidad chilena, conceptos correspondientes a un proyecto ideológico asociado a la unidad nacional y al nacionalismo.
Pero la verdad es que Chile es una sociedad dividida en clases sociales de intereses irreconciliables, acaso una de las más polarizadas y desiguales del planeta (el 1% concentra más del 50% de la riqueza socialmente producida); su periodo nacional-desarrollista fue hecho trizas con el golpe de Estado de 1973 mediante una desindustrialización y privatización sistemática de todas las empresas del Estado, o reducción a su mínimo: Codelco apenas mantiene el 27% de la propiedad del cobre y es un secreto a voces la pretensión del grupo económico de Kast de terminar por privatizar lo que resta de la cuprífera estatal.
El Día Internacional de los Trabajadores tiene que ver inmediatamente con la ejecución de los mártires de Chicago en Estado Unidos hace 140 años, y con la lucha por la conquista de los derechos del pueblo trabajador mundial, y no de un país en específico. De hecho, la emancipación de las clases trabajadoras y populares de la Tierra corresponden a uno y lo mismo que la liberación del género humano.
El eslogan de Kast únicamente revela su visión ideológica en relación a los trabajadores, como “colaboradores subalternos” del capital, y encubre el terror de las clases propietarias de los medios de producción ante las posibilidades de revueltas y levantamientos de la mayoría oprimida.
Del discurso a las decisiones
En su discurso, Kast dijo que “como gobierno queremos ponernos al servicio de ese objetivo, trabajo digno, trabajo estable, trabajo que permita proyectar una vida y que nos ayude a poner el foco en la familia, promoviendo su sustento. Hace 10 días, en esa línea, presentamos al país nuestro proyecto de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social. El objetivo número uno de ese proyecto es potenciar el trabajo digno, el trabajo bien remunerado. Para ello también procuramos apoyar a las pymes, a aquellos emprendedores que, por medio de un crédito tributario, podrán también contratar formalmente a sus colaboradores, porque necesitamos incentivar el trabajo formal y reactivar nuestra economía (...) el trabajo necesita volver a ser un espacio de encuentro, donde prime la confianza mutua y la buena disposición. El trabajo es una tarea compartida que nos permite desarrollarnos plenamente como personas y nos brinda oportunidades de sustento para nuestras familias. Trabajadores, emprendedores, pequeños, grandes empresarios, todos formamos parte de un mismo Chile y juntos podemos salir adelante. Dejemos atrás esa teoría del conflicto. Chile ha cambiado, Chile ha avanzado, Chile permite los diálogos. El trabajo que es tan necesario y que tanto dignifica es lo que hoy está faltando a miles de compatriotas”.
La forma y contenido del texto emitido por Kast, sin embargo, no guarda ninguna relación con las relaciones sociales del régimen capitalista realmente existente en Chile, ni menos con su programa denominado “Plan de Reconstrucción Nacional” que se encuentra en debate en el Congreso.
Los primeros oficios ejecutados por la administración Kast apuntan nítidamente a la destrucción de los servicios sociales del Estado tan sensibles y de alto impacto, como Salud, Educación, Vivienda, Cultura, Energía. Esto es, a un violento ajuste que sólo es posible realizar empeorando el acceso de la inmensa mayoría de la población a los servicios mencionados, como al despido masivo de funcionarios públicos (en particular de aquellos más frágiles contractualmente) y la eliminación de esas plazas de empleo. O sea, se despide a 4 trabajadores y sólo se contrata a uno nuevo.
Es más, una serie de programas que forman parte de los servicios de diversos ministerios, pueden ser finiquitados y/o desfinanciados, según informó el jefe de la cartera de Hacienda, Jorge Quiroz, especialista en facilitar la colusión de precios de las grandes cadenas farmacéuticas, así como de la industria avícola, tal cual lo dictaminó el Tribunal de Libre Competencia (https://vergara240.udp.cl/
En total, son más de 100 programas e iniciativas de las carteras de Educación, Salud, Seguridad Pública, Deportes, de la Mujer, Energía, Economía, Ciencias, Justicia, Interior, Secretaría General de Gobierno, Agricultura y Bienes Nacionales, que serían clausurados. En la misma línea, más de 150 verían una jibarización sustantiva de su presupuesto.
El objetivo del gobierno para el 2026 es recortar 3 mil millones de dólares (3% parejo por cartera), que se suma a los 800 millones de dólares menos programados por el gobierno anterior. Quiroz adicionó «otro esfuerzo» de mil millones de dólares. Es decir, el 2026, el recorte presupuestario total del sector público llegaría a cerca de 5 mil millones de dólares.
Barbaridades combinadas
En el panorama más amplio, el gobierno congeló el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), o subvención a la importación de petróleo (Chile es importador neto de combustibles fósiles), que busca liberar los precios según el mercado internacional, sin regulación alguna. En otras palabras, y como lo vaticinan economistas de todas las escuelas, se precipita un alza indeterminada (inflación) del costo general de la vida, en un país que junto a Uruguay, es el más caro del continente. A ello se añade el propósito gubernamental de terminar con el Crédito con Aval del Estado (CAE), empezando por imponer fuertes restricciones para su postulación a los estudiantes universitarios.
El paquete de reformas que se debate en el Congreso, postula la plena integración del sistema tributario (implantado por la dictadura para favorecer directamente a las grandes corporaciones privadas); establece una rebaja sin precedentes al impuesto a la ganancia de Primera Categoría del 27% al 23% (rentas de capital). Este tributo desde hace décadas tiene un arsenal de exenciones y resquicios. Al final del día se le permite al empresario que debe cancelar tal o cual monto en impuestos corporativos, eludir el pago de tributos personales, descontando el impuesto empresarial como crédito.
Ahora bien, el golpe antisocial ya se venía aplicando antes de Kast. De hecho, la administración recién llegada y sus presentes medidas necesitaban de las leyes represivas propuestas y aprobadas por la administración Boric, contra cualquier disidencia política y social respecto del orden establecido. El capital precisa para su acumulación y reproducción ampliada la paz de los cementerios. No por nada existen casi 150 prisioneros políticos mapuche, distribuidos en distintas cárceles, a quienes se les acusa de recuperar sus tierras ancestrales y ofrecer resistencia al capital forestal, hidroeléctrico y todos aquellos intereses empresariales que destruyen su territorio.
Si es que la administración Kast no entendió bien, el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, le recordó que «existe la necesidad de adoptar screening (filtro, selección) de inversiones para evaluar proyectos de capital en sectores sensibles para la seguridad del país».
Ello significa evaluar la inversión extranjera directa y analizar los riesgos financieros, legales y de seguridad nacional en sectores vitales (energía, minería, tierras raras, telecomunicaciones, todo lo que sirva para la industria cibernética y de IA, etc.) con el fin de reservar las áreas estratégicas a los capitales estadounidenses, y prohibir la inversión china en esas zonas económicas. Tal cual ocurrió con el caso del «cable chino», donde el gobierno de Boric cedió a las presiones estadounidenses (BBC).
Capital contra capital
No obstante, la agencia de noticias e información financiera estadounidense Bloomberg, destinada a los intereses de las grandes corporaciones multinacionales, publicó un análisis donde advirtió respecto de los peligros que tendrían las medidas de Kast en las arcas fiscales de Chile a mediano y largo plazo.
El estudio se basó en el informe técnico de la Dirección de Presupuestos (Dipres), que detalla las proyecciones de ingresos y gastos.
Al respecto, Bloomberg fue lapidario al indicar que “el impacto neto de estas medidas sobre los ingresos del gobierno será negativo durante al menos cinco años tras su entrada en vigor, incluso si impulsan el crecimiento», y agregó que “La reducción de los ingresos alcanzaría los 1,6 billones de pesos (US$1.800 millones) en 2028, calculada a partir de las estimaciones del Ministerio de Hacienda de que las medidas elevarían el producto interno bruto en un 8,2% a lo largo de 10 años».
Además, el economista de Bloomberg Economics, Felipe Hernández, señaló que “la reforma por sí sola no ayuda al ajuste fiscal, y por el contrario, añade un factor de riesgo, en caso de que el crecimiento no responda“.
El artículo de la publicación mundial, relevó la fragilidad del escenario: “Excluyendo cualquier crecimiento económico que pudiera derivarse de las medidas, el efecto neto en las finanzas públicas sería aún peor, con déficits previstos hasta el vigésimo quinto año tras la implementación. En 2026, las medidas darían lugar a una reducción de los ingresos de 838.000 millones de pesos, que ascendería a 2,8 billones en 2050″, e insistió en que “El informe llega en un momento de debilitamiento, no de fortalecimiento del crecimiento. La economía se contrajo un 0,3% interanual en febrero, mientras que la producción de cobre, la principal exportación del país, cayó a su nivel más bajo en casi nueve años. Y eso fue antes de la guerra en Irán, que podría frenar aún más la actividad”.
En concreto, la administración Kast retoma a su manera las políticas socio económicas larvadas largamente no sólo por el Frente Amplio, sino que por la contrarrevolución neo-capitalista inaugurada con el golpe de Estado de 1973, y por los gobiernos civiles desde 1990. En este sentido, es riguroso sostener que las decisiones de las representaciones políticas a cargo de la institucionalidad chilena han estado sometidas a las contradicciones, oscilaciones y situación de las correlaciones de fuerza tiempo-espaciales determinadas por la lucha de clases; su condición dependiente en relación a los capitalismos centrales; y la división internacional del trabajo. De hecho, no es posible comprender el devenir de la lucha de clases y la realidad en Chile sin considerar al país como un subsistema modelado conforme a la historia del sistema mundo y la modernidad capitalista.
Chile y su lugar en el mundo
De acuerdo a la división mundial del trabajo, Chile aparece como parte de un conjunto de países semi-coloniales, no industrializados, periféricos y dependientes, cuya lugar en el globo está determinado por los países centrales del régimen capitalista en pugna (EEUU y sus aliados vs China y sus aliados), donde le cabe únicamente sobrevivir de la venta de recursos naturales finitos (extractivismo exportador) y fuerza de trabajo barata, conforme a las cadenas logísticas de valorización de las mercancías (productos y servicios) hacia los polos que organizan las tramas del capital. En similar situación que Chile se encuentran América Latina y el Caribe, África y buena parte de Indonesia.
El Estado capitalista chileno, según las características e historia de sus clases dominantes, luce profundos rasgos autoritarios, patriarcales, racistas y conservadores. En la actualidad, la administración de La Moneda está en manos de la facción más reaccionaria de los grupos sociales dueños, mediadores y rentistas del capital, más allá de que el sistema político, desde el golpe de 1973, haga parte del predominio de un bloque minoritario de la sociedad, cuyas expresiones políticas hayan cobrado la forma de regímenes militares o propios de las democracias capitalistas delegativas.
Dado el desenvolvimiento de la superficie institucional del país, la administración de turno (Partido Republicano), se observa como continuidad concentrada del liberalismo ortodoxo, y no como negación de las administraciones anteriores. Sólo así es posible explicarse la colaboración de clases manifestada, por ejemplo, entre la convivencia y oposición complementaria del Partido Republicano y la “centro-izquierda”. De lo contrario, los instrumentos políticos de la denominada oposición institucional, ya se encontraría preparando las condiciones subjetivas y objetivas para alguna forma de insurgencia radicalmente popular, democrática y revolucionaria, basada en la construcción de la ingobernabilidad y la más explícita e integral lucha de clases. Pero eso no es así. Lo que se ve son críticas de baja intensidad y puramente declarativas.
La administración Kast representa los grupos de interés y facciones del capital más antisociales y antipopulares del sistema político local, remedo formal de la administración de la fracción trumpista del Partido Republicano en Washington, pero con un programa socio-económico resumido en el llamado proyecto de ley Plan de Reconstrucción Nacional y Crecimiento o proyecto de ley “misceláneo”, basado en el más furioso anticomunismo liberal (escuela austríaca, Hayek y compañía), y no en el “proteccionismo” de Trump.
No, aquí la consigna no es “Hagamos grande a Chile de Nuevo”.
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