Justicia y Verdad. A 39 años del Caso Quemados: la impunidad persiste
El 2 de julio de 1986, durante una protesta contra la dictadura de Pinochet en Santiago, una patrulla militar detuvo a Rodrigo Rojas de Negri (19 años) y Carmen Gloria Quintana (18 años), les roció combustible y les prendió fuego. A continuación los abandonaron en una acequia en Quilicura. Rodrigo falleció cuatro días después debido a las graves quemaduras, y Carmen Gloria sobrevivió con daño severo en el 68 % de su cuerpo.
Hoy se cumplen 39 años del brutal ataque contra Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana, un crimen que simboliza la violencia sistemática de la dictadura cívico-militar y que, a pesar del paso del tiempo, continúa evidenciando la persistencia de la impunidad en Chile.
Del “Piñera está avisado” a la impunidad actual, el Gobierno de Gabriel Boric, que se presentó como una alternativa contra la impunidad y la represión, hoy administra el mismo Estado que la garantiza. La renuncia a su programa político, el giro hacia una agenda securitaria y los consensos con la derecha han debilitado toda pretensión de justicia estructural, reforzando en cambio el poder de las mismas fuerzas represivas.
En este contexto, el caso de Rodrigo y Carmen Gloria no es solo un hecho del pasado: sigue siendo un testimonio vivo de la impunidad histórica de las fuerzas armadas y de orden, y un recordatorio de la deuda del Estado con las víctimas de la represión.
¿Qué ocurría en 1986?
En 1986, la lucha contra la dictadura vivía un momento clave. Tras años de movilizaciones nacionales —protagonizadas por estudiantes, mujeres, pobladores, trabajadores y múltiples sectores sociales—, muchos hablaban del “año decisivo” para derrocar al régimen de Pinochet. Las calles ardían en protestas, con paros, marchas, caceroleos y barricadas, en un país golpeado por la crisis económica de 1982 y una profunda miseria social.
En paralelo, los partidos políticos comenzaban a reorganizarse. La Alianza Democrática (fundada en 1983) agrupaba sectores de oposición moderada, y fue parte del Acuerdo Nacional impulsado en 1985 como base para una “transición ordenada” que pavimentaría el camino hacia la futura Concertación. Mientras tanto, la dictadura profundizaba la represión: aumentaban las detenciones, torturas, relegaciones y asesinatos.
Rodrigo Rojas y Carmen Gloria: juventud marcada por la dictadura
Rodrigo Rojas de Negri, nacido en 1967 en Valparaíso, vivió el exilio en Canadá y Estados Unidos, luego de que su madre fuera detenida por la dictadura. Amante de la fotografía, volvió a Chile en 1986 con la intención de documentar la vida bajo el régimen y publicar un libro. Tenía 19 años y trabajaba en una agencia internacional.
Carmen Gloria Quintana, también nacida en 1967, era estudiante universitaria y participaba activamente en las manifestaciones contra la dictadura. Como tantos jóvenes de la época, enfrentaba un sistema universitario intervenido, con profesores expulsados y rectores delegados designados por la dictadura.
El crimen: 2 de julio de 1986
Durante una jornada nacional de protesta, el 2 de julio de 1986, Rodrigo y Carmen Gloria fueron detenidos cerca de General Velásquez (Estación Central) por una patrulla militar al mando del teniente Pedro Fernández Dittus. Los golpearon brutalmente, los rociaron con combustible y les prendieron fuego. Luego, los envolvieron en frazadas y los abandonaron en una acequia en Quilicura.
Ambos fueron encontrados por trabajadores agrícolas. Rodrigo fue trasladado a la Posta Central, donde murió el 6 de julio. Carmen Gloria sobrevivió con el 68 % de su cuerpo quemado. La dictadura recurrió a su habitual estrategia: el montaje, acusando falsamente a los jóvenes de haberse incendiado por accidente al manipular bombas molotov. Varios medios amplificaron esta versión, alineados con la represión. Los testigos fueron amenazados.
El largo camino (y obstáculos) hacia la justicia
El primer juez del caso, Alberto Echavarría Lorca, avaló la versión militar, limitando la causa a la falta de auxilio. En 1991, Fernández Dittus fue condenado solo por “negligencia”. En 1993, la Corte Suprema aumentó su pena a 600 días de prisión. Una burla. En 2000, el Estado fue obligado a indemnizar a Carmen Gloria. Mientras tanto, Fernández Dittus fue director de un colegio en Peñalolén. Echavarría continuó en el Poder Judicial.
No fue sino hasta 2015 que el caso se reabrió, gracias al testimonio de un ex conscripto que rompió el silencio. En 2021, diez exmilitares fueron procesados.
Finalmente, el 5 de enero de 2025, la Corte Suprema dictó sentencia definitiva:
Julio Castañer González, Iván Figueroa Canobra, Nelson Medina Gálvez y Pedro Fernández. Dittus fueron condenados a 20 años y un día de presidio por homicidio calificado (Rodrigo Rojas) y homicidio frustrado (Carmen Gloria). Otros conscriptos y encubridores recibieron penas menores o libertad vigilada. Algunos acusados fueron absueltos.
Justicia tardía, impunidad persistente
A casi cuatro décadas del crimen, las condenas recientes no alcanzan a reparar la deuda histórica de las familias de las víctimas de la dictadura. Mientras la derecha sigue defendiendo a violadores de derechos humanos —llamándolos “pobres viejitos” y pidiendo su liberación por “razones humanitarias”—, el Estado chileno aún no garantiza verdad, justicia ni reparación plena para miles de víctimas de la dictadura.
Rodrigo y Carmen Gloria representan la valentía de una generación que luchó contra el horror. Su historia denuncia no solo a los culpables directos, sino también al sistema político, mediático y judicial que permitió y encubrió estos crímenes.
Hoy, más que nunca, recordarlos es resistir. La memoria es lucha, y la impunidad no puede tener cabida en una sociedad que aspire a ser verdaderamente democrática.
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