Chile. Entre candidatos derechistas y candidatos “menos malos” ¿Sólo queda resignarnos a votar el mal menor?
En cada elección presidencial, vuelve el mismo debate: ¿vale la pena votar por el “mal menor”? Hoy, en Chile, esta pregunta toma nombre y apellido: ¿hay que votar por Janette Jara o Winter para que no gane Kast, o algún otro representante de la derecha dura como Matthei? Los más aventurados están dispuestos hasta a votar por Carolina Tohá.
Entendemos la angustia. Comprendemos el miedo real que genera la posibilidad de un gobierno abiertamente reaccionario. Pero lo que queremos poner sobre la mesa es otra pregunta, más profunda: ¿cómo se fortaleció tanto esa derecha? ¿Y qué rol jugaron quienes hoy se presentan como su “freno”?
Boric: El gobierno de la normalización
El presidente Gabriel Boric realizó esclarecedoras declaraciones en una entrevista con el programa Tolerancia Cero de CNN Chile:
“Que no haya el nivel de protestas del 2011 o el 2019 no es suerte, eso es gobernabilidad. Gobernabilidad es producir acuerdos sociales para canalizarlos institucionalmente y que las transformaciones se canalicen institucionalmente. Y eso es lo que la derecha, históricamente, ha demostrado que tiene poca capacidad de hacer”.
La idea de “gobernabilidad” esconde siempre una operación ideológica: se presenta como valor neutro lo que en realidad es dominación de clase. Ese fue el contenido de la década noventista y de la llamada democracia pactada, que consistió en mantener un sistema político cuyo principal objetivo era canalizar las demandas populares sin alterar la base económica y de poder heredada. Se buscó activamente aplacar y/o apaciguar la movilización y sus demandas a cambio de “orden”, con el principal objetivo de mantener el sistema neoliberal y pilares estructurales del propio sistema político heredado de la dictadura.
La pregunta entonces debería ser, ¿orden para quién? ¿Gobernabilidad para qué? Buscando seguir la agenda prescrita de la democracia de los acuerdos (luego hablaremos de los límites de su apuesta), el Frente Amplio y el Partido Comunista asumieron la tarea de administrar el descontento post rebelión para canalizarlo hacia la institucionalidad o, dicho sin eufemismos, para desactivarlo.
Son los límites de la propia situación política y económica nacional e internacional los que impiden que el reformismo pueda llevar adelante su programa con su propia estrategia, es decir, que la canalización del descontento se pueda dar a través de reformas sin confrontar al poder empresarial, que fue lo que hicieron algunos de los gobiernos llamados posneoliberales y el reformismo latinoamericano en la época del boom de las materias primas. A este problema, la solución de Boric fue entreguista, en el sentido de no realizar su programa, sino adaptarse a la agenda de la derecha.
Seguir la agenda de la derecha sólo fortalece a la derecha
Militarizaron el Wallmapu y persiguieron a importantes dirigentes mapuche; bajo el gobierno de Gabriel Boric, se ha prorrogado sistemáticamente el Estado de Excepción Constitucional. Casos como el de Julia Chuñil, defensora del territorio y medioambiente, desaparecida, reflejan una estrategia de silencio y develan la responsabilidad estatal frente a desapariciones forzosas.
Por otro lado, el “escándalo de las licencias médicas” tiene una doble cara, junto con la denuncia a miles de funcionarios públicos por haber salido del país con licencias médicas, se ha impulsado una ofensiva mediática contra los trabajadores que cumplieron un rol de destacado en la rebelión con una alta adhesión en la huelga del 12N: el sector público, conducido por la ANEF, logró un 90% de adhesión al paro. En salud, la paralización alcanzó un 95%. En educación, la adhesión fue superior al 80%, incluyendo distintos tipos de establecimientos. Además, 131 estaban en toma estudiantil. Hoy este sector continúa movilizándose, aunque con otros ritmos. Detrás de la ofensiva de la contraloría hay una estrategia de que “paguen todos justos por pecadores”, con el objetivo de debilitar el apoyo social a los trabajadores estatales, buscan desprestigiarlos ante la población para preparar próximos ataques. El objetivo es desactivar su capacidad hegemónica: que no puedan hablar en nombre de lo común y servir de ejemplo para que otros sectores salgan a luchar. Mientras los docentes se movilizan por condiciones laborales y mejoras estructurales en la educación pública, parlamentarios y la propia contraloría responde con descuentos masivos y amenazas de judicialización.
También, el gobierno ha sido parte de leyes represivas que aseguran la impunidad y la criminalización de la protesta, principales mecanismos para mantener silenciadas a las mujeres, a los trabajadores, a la juventud, a los pobladores que luchan por la vivienda digna, al pueblo mapuche y a todos los luchadores sociales. Con la Ley Nain-Retamal consolidaron la impunidad en el uso de la fuerza letal; con la “Ley Antitomas”, posibilitaron y llevaron a cabo el desalojo inmediato de ocupaciones de terrenos, ley capaz de extenderse a todo tipo de manifestaciones políticas o reivindicaciones sociales. Con la Ley de Infraestructura Crítica se permite el despliegue de fuerzas armadas en zonas “estratégicas” sin necesidad de declarar estado de excepción completo, y prohíbe la huelga o paralización de actividades en servicios declarados esenciales, a estos servicios buscan incorporar a hospitales y a escuelas y liceos. O la Ley Aula Segura (herencia de Piñera, sostenida por Boric) que permite la expulsión rápida de estudiantes por protestar, particularmente en liceos emblemáticos.
La justificación que esgrime el gobierno para no cumplir su programa es que, al ser minoría en el Congreso, no tiene margen de acción. Pero este argumento oculta lo principal: la verdadera raíz del problema no está en la correlación parlamentaria, sino en una estrategia política que acepta como marco insalvable las reglas del régimen. En otras palabras, lo que está en juego no es cuántos votos tienes, sino desde dónde estás dispuesto a dar la pelea. Desde el inicio, el Frente Amplio adoptó como horizonte canalizar las demandas sociales exclusivamente por la vía institucional, como si esas instituciones fueran neutrales y no estuvieran profundamente condicionadas por el poder económico. El propio Boric lo dijo: “gobernabilidad es canalizar las transformaciones institucionalmente”. Pero esa gobernabilidad implica, en la práctica, que demandas estructurales son sacrificadas en nombre del orden.
Y los resultados están a la vista. Después de casi cuatro años de gobierno del Frente Amplio, no solo no se ha logrado revertir el avance conservador, sino que se ha consolidado. La derecha tiene mayoría parlamentaria, dos de sus representantes lideran las encuestas presidenciales, y en la sociedad han ganado fuerza los discursos de odio contra migrantes, mujeres y disidencias sexo-genéricas. La impotencia de esta estrategia no es solo una cuestión de mayorías o minorías parlamentarias: es el resultado de no apostar a confrontar el poder real que define los límites del sistema.
Julieta Kirkwood en su libro Ser Política en Chile (1986), plantea una crítica profunda a la forma en que la izquierda reprodujo durante los 60’ y 70’ sin cuestionamiento estructuras tradicionales como la familia o el rol asignado a las mujeres. Esta reproducción —aunque la izquierda hablaba de “familia proletaria”— termina consolidando el orden conservador. Es una importante lección para traer a la actualidad y constatar que, cuando se gobierna con la agenda de la derecha la única que se fortalece es la derecha.
La pasividad como un activo conservador
Y aún con estos resultados a la vista, se nos quiere arrastrar de nuevo al punto de partida, repitiendo el libreto del “mal menor”. Se nos dice que votar por ellos es necesario para frenar a la derecha, como advirtió Jeannette Jara en el último debate presidencial en la USACH: “el costo de que la ultraderecha gane lo va a pagar el pueblo de Chile”. Pero esa advertencia es una trampa. La política del mal menor perpetúa una ilusión electoralista —la de que el voto basta para contener a la derecha— y desactiva estratégicamente la organización independiente. La mayoría de quienes se inclinan por esa opción ya sabe que deberá seguir luchando. El verdadero problema es no confrontar hoy la política de la pasividad que este gobierno ha impuesto. Así, el voto por el mal menor no es solo “pan para hoy y hambre para mañana”; es la aceptación tácita de que no se puede aspirar a más. Es una estrategia de resignación, nos lleva a la pasividad, no solo porque se hace sin convicción, sino porque consolida la idea de que todo lo que queda es elegir quién administrará mejor lo inevitable. Frente a eso, el desafío sigue siendo recuperar la confianza en nuestra capacidad de dar vuelta la tortilla.
Kirkwood hace también una reflexión sobre el problema de la pasividad. La pasividad como una distancia entre el programa o demandas desarrolladas por la izquierda y las necesidades reales de las masas o de sectores de la población (en el caso de Kirkwood, de las mujeres). Kirkwood plantea que la pasividad no es neutral, sino una fuerza que sostiene el orden dominante. Y lo ejemplifica cuestionando el hecho de que la izquierda no haya tomado en cuenta (en los 60’-70’), la opresión de género como eje de teorización y práctica política:
“Naturalmente, dentro del abanico de relaciones de dominación, la que ha tenido mayor elaboración teórica es la que se ocupa de las relaciones entre clases sociales antagónicas. Sin embargo, la teorización exclusiva sobre dicho conflicto no resuelve ni expresa la totalidad de las formas de dominación [...] lo político se resolverá, probablemente, en nuevas formas de dominación y en nuevas rigideces”
Tal crítica permite pensar la actual posición del gobierno, que busca reeditar la democracia de los consensos, como una forma de exclusión encubierta: al evitar el conflicto y postular una falsa neutralidad, refuerza jerarquías propias del capitalismo patriarcal y neoliberal, admitiendo la inclusión solo si no desestabiliza el sistema. Así, lo “pasivo” se vuelve funcional al inmovilismo político y el inmovilismo político, se transforma en resignación. Todo queda intacto.
Los límites de la estrategia del mal menor
Hasta ahora el mecanismo del régimen parece exitoso: se hizo retroceder al movimiento estudiantil y al movimiento de mujeres, se mantuvo el modelo educativo, se promulgó la reforma de pensiones que inyectó más capital para la especulación financiera de las AFP, se militarizó el Wallmapu. Todo eso en nombre de la “estabilidad”. Sin embargo, no se puede reeditar la política de los consensos noventera sin tropiezos, porque las condiciones que la hicieron posible ya no existen. No está la estabilidad económica que antes permitía hacer reformas para descomprimir el descontento y mantenerlo dentro del régimen. El malestar de la rebelión sigue ahí, las demandas siguen sin resolverse, y se suman nuevos problemas: crisis en salud, sueldos estancados, aumento del trabajo informal, déficit habitacional. Las encuestas muestran que la mayoría siente que el país va para atrás y ya no confía en las instituciones. Y afuera el mundo también está revuelto: tensiones entre potencias, guerras comerciales, ofensivas militares en Medio Oriente, genocidio en Palestina, crisis climática. En este escenario, toda estabilidad es frágil y relativa, cualquier intento de armonización es transitorio.
En este contexto, pensar que la salida es votar por Janette Jara como freno a la derecha es volver al mismo callejón sin salida. Jara no representa una ruptura, no es una outsider: fue ministra del Trabajo de Boric, impulsó una reforma de pensiones que fortaleció el modelo de AFP. Su rol en el gobierno no fue el de una confrontación con los poderes establecidos, sino el de administrar su continuidad.
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Votar por el “mal menor” en este escenario solo prolonga la crisis de construcción de alternativas políticas desde abajo y consolida la desmovilización. Entendemos que lo electoral puede tener un uso táctico, pero votar por una determinada corriente política no es un gesto neutro: significa respaldar su proyecto político, su programa y contribuir a su legitimación. Cada voto no solo se suma numéricamente, sino que fortalece a esa opción como actor político en el escenario general.
Frente a esto, el desafío no es elegir a quién entregamos la administración: nuestro foco para las próximas elecciones debe ser otro. Invitamos a abrir una discusión amplia sobre cómo recuperar la confianza en nuestras propias fuerzas y fortalecer la coordinación y la unidad desde abajo, junto a todas y todos quienes estén dispuestos a luchar: trabajadores, mujeres, disidencias sexo-genéricas, estudiantes, el pueblo mapuche, organizaciones sociales y políticas. Lo que necesitamos es una izquierda que no se someta a la lógica del mal menor, sino que tome partido por los de abajo, que recupere la lucha de clases como eje, se organice de manera independiente y confronte abiertamente a este régimen al servicio de los poderosos.
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