"El violador eres tú". Las mujeres toman la Plaza de la Constitución y exigen la salida de Rabat
Cientos de mujeres y organizaciones feministas se concentraron este martes frente a La Moneda contra los 56 decretos que rebajaron las penas a condenados por violación y abuso sexual de menores, a los que se suman criminales de lesa humanidad de Punta Peuco. Mientras Kast blinda a su ministro desde Roma, la calle muestra el único camino para derrotar la impunidad: la movilización y la organización en cada lugar de estudio y de trabajo.
Antonio PaezDelegado y expresidente del Sindicato Starbucks Coffe Chile
Miércoles 4 de noviembre 04:17
Entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre, el Ministerio de Justicia firmó 56 decretos que acortaron las condenas de sentenciados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes: 29 por violación y 27 por abuso sexual, según reveló Interferencia. Al ritmo de un decreto cada tres días, como calculó Cooperativa, el gobierno de José Antonio Kast fue abriendo las puertas de la cárcel a pederastas mientras repetía en cada vocería su discurso de "mano dura".
Esa fue la indignación que llenó la tarde de este martes 3 de noviembre la Plaza de la Constitución. Desde las 18:30 horas, bajo la consigna "¡A la calle contra la impunidad!", cientos de mujeres, con pañuelos verdes, morados y rojos, se concentraron frente al Palacio de La Moneda para exigir la renuncia inmediata del ministro de Justicia, Fernando Rabat.
Una articulación amplia contra la impunidad
La convocatoria fue impulsada por una articulación de 23 organizaciones, entre ellas la Coordinadora Feminista 8M, el Movimiento Pro-Emancipación de las Mujeres de Chile (MEMCH), la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Corporación Humanas, la Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM) y agrupaciones estudiantiles. La performance "Un violador en tu camino" del colectivo Las Tesis volvió a encabezar la manifestación, la misma que en 2019 recorrió el mundo como denuncia de la violencia sexual del Estado.
"Exigimos responsabilidades políticas y la salida inmediata de Rabat, quien decidió conscientemente dejar en libertad a pederastas y criminales de lesa humanidad", señalaron las convocantes. Margarita Peña, vocera y abogada de la Coordinadora Feminista 8M, fue más lejos: frente a un gobierno que "ha sido capaz de liberar a pedófilos y criminales de lesa humanidad", afirmó que "es la mayor crisis política del Gobierno". Bárbara Sepúlveda, de ABOFEM, apuntó a la contradicción central del oficialismo: el Ejecutivo "liberó a delincuentes después de meses prometiendo seguridad".
La jornada no se limitó a Santiago. En Valparaíso, la Coordinadora Feminista 8M convocó en la Plaza O’Higgins, frente al Congreso Nacional, donde se reunieron alrededor de un centenar de personas, y las organizaciones llamaron también a movilizarse en La Serena, Concepción, Valdivia y Puerto Montt. La protesta se suma a la del 27 de octubre frente al Ministerio de Justicia, marcada por la represión de Carabineros, y antecede a la concentración convocada para este jueves 5 de noviembre, a las 11:30 horas, en Teatinos con la Alameda, por la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales.
La "doctrina Rabat" y sus contradicciones
El ministro ha intentado escudarse en los tribunales. Según su versión, los decretos se limitaron a "recoger la doctrina de la Corte Suprema" y a dar "cumplimiento de sentencias" en recursos de amparo. Los propios registros del ministerio desmienten esa coartada: de acuerdo con Interferencia, entre marzo y mayo Justicia rechazó al menos cinco solicitudes similares, dos de ellas firmadas por el propio Rabat, y solo en junio el ministro pasó a sostener que la ley le impedía negarlas.
El 22 de octubre, acorralado por la prensa, Rabat tuvo que reconocer algo más grave. "Es cierto", respondió cuando se le consultó si había firmado rebajas de condena para internos de Punta Peuco: dos reos del penal exclusivo para represores, condenados por secuestro calificado y tortura, se vieron favorecidos por la misma "doctrina". Uno de ellos ya está en libertad. Así, el mismo criterio que alivió la condena de violadores de niños benefició a agentes de la dictadura condenados por crímenes de lesa humanidad.
Recién cuando el escándalo estalló, el gobierno anunció la suspensión de la tramitación de los decretos y prometió respaldar un proyecto de ley para cerrar lo que el ministro llama un "vacío legal". La medida llega tarde para las víctimas y sus familias, que ya vieron salir a sus agresores.
Kast blinda a su ministro
La respuesta de Kast ha sido cerrar filas. Desde Roma, el mandatario volvió a respaldar a Rabat este martes: "A los ministros los nombra el presidente de la República y les pide el cese de funciones él mismo; no diputados o senadores". Lo hace con una aprobación que, según EFE, cayó por debajo del 30 % en las principales encuestas del fin de semana, y mientras la oposición ratifica una acusación constitucional contra el ministro.
El contraste es evidente. Mientras el Gobierno promete cárcel para la juventud pobre, endurece la persecución a migrantes y criminaliza la protesta social, ofrece "beneficios" a violadores de menores y a torturadores de Punta Peuco. La "seguridad" de Kast tiene destinatarios bien definidos, y las mujeres, las niñas y los niños de la clase trabajadora no están entre ellos.
Que la fuerza de la calle no se quede en el Congreso
La acusación constitucional puede abrir un frente en el Parlamento, pero la experiencia muestra que la impunidad no se derrota en las negociaciones de pasillo. Fue la movilización la que obligó al Gobierno a suspender los decretos, y será la movilización la que pueda imponer la salida de Rabat, la revisión de cada una de las rebajas otorgadas y la anulación de los beneficios a los criminales de lesa humanidad.
Esa fue la propuesta que levantó en la plaza la agrupación de mujeres y disidencias Pan y Rosas. "¿Hasta cuándo el Estado seguirá sosteniendo al patriarcado?", planteó la organización. Jo Cáceres, integrante de Pan y Rosas, trabajadora y consejera universitaria de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), vinculó la impunidad con el conjunto de la agenda del Gobierno: "Desde Pan y Rosas rechazamos las rebajas de condenas, pero también los recortes que afectan principalmente a las mujeres, además de los ataques hacia los derechos sexuales y reproductivos".
Frente a esa ofensiva, la agrupación llamó a dar una respuesta común: "Frente a los ataques del gobierno de Kast, necesitamos unificar las luchas del movimiento estudiantil, de trabajadores, mujeres y disidencias en un paro nacional efectivo".
Para eso, la fuerza que se expresó frente a La Moneda necesita extenderse. Las organizaciones feministas, las agrupaciones de derechos humanos, los centros de estudiantes y los sindicatos tenemos la tarea de impulsar asambleas en cada universidad, liceo y lugar de trabajo, y de exigir a la CUT y a las grandes centrales que rompan su pasividad, se sumen a la jornada de este jueves y convoquen a un paro nacional. Contra un gobierno que protege a pederastas y represores, solo la unidad en las calles de las mujeres, la juventud y la clase trabajadora puede arrancar justicia.
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