Educación. Traspaso al SLEP en Antofagasta: No podemos permitir despidos y pérdida de derechos
El traspaso de la educación municipal al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) en Antofagasta comienza a desarrollarse en medio de una creciente incertidumbre para las y los trabajadores de la educación. Lo que debiera ser un proceso de fortalecimiento de la educación pública, hoy en día este proceso está siendo acompañado por despidos, recortes y amenazas sobre derechos laborales conquistados durante años de organización y lucha.
Domingo 8 de noviembre 00:39
Uno de los primeros golpes es la desvinculación de docentes que se desempeñan en distintos establecimientos educacionales, argumentando los bajos resultados en la evaluación docente en dos ocasiones consecutivas, a lo que se suma la decisión de poner término, durante noviembre, a los contratos de docentes que realizan reemplazos desde marzo. Esta medida afecta directamente a trabajadores y trabajadoras que han sostenido el funcionamiento de las escuelas durante todo el año y que, al ser desvinculados antes de diciembre, pierden el pago de sus vacaciones. Una decisión que permite a la CMDS reducir sus gastos a costa de quienes han sostenido cotidianamente la educación pública.
Pero los despidos no son la única preocupación. También existe incertidumbre respecto de la continuidad de beneficios conquistados por los trabajadores, como la hora de colación, el pago de las horas sindicales de los dirigentes, el día libre por cumpleaños y la continuidad del Jardín Infantil Semillita, espacio que actualmente depende de la CMDS y que cumple una función fundamental para las familias de las y los trabajadores de la educación. Hasta ahora no existe claridad sobre qué ocurrirá con este establecimiento una vez concretado el traspaso.
Desde las nuevas autoridades se ha transmitido el compromiso de no retirar los derechos adquiridos durante los primeros dos años de funcionamiento del SLEP. Sin embargo, ¿Podemos confiar nuestra estabilidad laboral y nuestros derechos únicamente a las promesas de las autoridades? La experiencia de los traspasos realizados en otras comunas del país demuestra que estas preocupaciones no son infundadas: han existido despidos, ajustes y conflictos por la continuidad de beneficios laborales. En Santiago Centro, por ejemplo, los trabajadores debieron movilizarse frente a la amenaza de cierre del jardín infantil destinado a los hijos e hijas de funcionarios.
La confianza en las promesas de las autoridades no sirven, lo que se necesita urgentemente son asambleas de base que permitan la organización y que sean resolutivas de acciones concretas para defender lo conquistado, fortaleciendo nuestra capacidad de respuesta. Los derechos no se garantizan por la buena voluntad de quienes administran los servicios, sino por la fuerza colectiva de quienes los han conquistado y están dispuestos a defenderlos.
No solo están en riesgo los puestos de trabajo: también quieren ajustar la educación que reciben nuestros estudiantes.
A esta situación se suma otra preocupación respecto del modelo educativo que se pretende implementar. Alejandro Tapia, director ejecutivo del SLEP Antofagasta, ha planteado la existencia de un supuesto exceso de horas docentes en la comuna y la intención de eliminar aquellas funciones o modalidades que no estén expresamente exigidas por la normativa. Entre los ejemplos que se han señalado están las duplas docentes de Educación Física y las clases de Inglés en la educación básica, ya que "actualmente, la asignatura de inglés se imparte desde primero básico en adelante y con el traspaso, autoridades quieren implementarla desde quinto básico", significando un retroceso en la implementación de diversos aprendizajes.
Esta mirada reduce la discusión educativa a lo que la ley establece como mínimo obligatorio, como si todo aquello que va más allá de ese piso fuera un gasto prescindible. ¿Desde cuándo la calidad de la educación debe limitarse exclusivamente a lo que la normativa obliga? ¿Por qué una experiencia formativa que hoy reciben nuestros estudiantes debería desaparecer simplemente porque no constituye una exigencia legal en todos los niveles?
Las duplas de Educación Física permiten enriquecer el trabajo pedagógico, ampliar las posibilidades de participación y atender de mejor manera la diversidad de estudiantes. Por otro lado existe evidencia que enseñar Inglés desde primero básico trae consigo muchos beneficios, debido a la plasticidad cerebral, así mismo mejora el desarrollo de habilidades, además entregan herramientas fundamentales para desenvolverse en un mundo cada vez más interconectado. Eliminar estas experiencias significa reducir oportunidades de aprendizaje, especialmente para niños y niñas de sectores populares que no tienen cómo acceder a ellas fuera de la educación pública.
No podemos aceptar que el criterio para definir qué educación reciben nuestros estudiantes sea exclusivamente cuánto cuesta mantenerla. Si existen problemas de dotación, presupuesto o planificación, deben discutirse con las comunidades educativas y resolverse sin sacrificar las condiciones pedagógicas ni las oportunidades de aprendizaje.
La educación pública no puede administrarse bajo la lógica de eliminar todo aquello que no sea obligatorio por ley. Lo que necesitamos es fortalecerla, no reducirla a su expresión mínima.
¿Cómo enfrentamos entonces este escenario?
No podemos responder de manera aislada ni esperar a que cada problema golpee individualmente a un establecimiento o a un sector de trabajadores. Necesitamos construir una respuesta colectiva, que permita coordinar a todos los sectores afectados por este proceso: docentes, asistentes de la educación, profesionales, trabajadores de jardines infantiles, apoderados y estudiantes.
Los propios estudiantes secundarios nos han mostrado la importancia de organizarse. Hemos visto cómo, mediante asambleas, marchas y mochilazos, han salido a exigir la reincorporación de sus profesores y profesoras, comprendiendo que los despidos no solamente afectan a los trabajadores, sino que también perjudican directamente a las comunidades educativas, interrumpen procesos pedagógicos y destruyen vínculos construidos durante años.
Por eso, no basta con que cada sector levante sus propias demandas por separado. La defensa de los puestos de trabajo también es la defensa de la continuidad pedagógica; la defensa del Jardín Semillita es la defensa de las familias trabajadoras; la defensa de las horas sindicales y de los beneficios laborales es también la defensa de nuestra capacidad de organizarnos.
Necesitamos avanzar hacia asambleas conjuntas, espacios de coordinación entre sindicatos, organizaciones estudiantiles y comunidades de apoderados, que permitan discutir un plan de acción común. La unidad no puede quedarse solamente en declaraciones, ni tampoco basta con anuncios de movilización permanente, esto hay que estar dispuestos a organizarlo y pensar en común como actuar, las cuales deben expresarse en acciones coordinadas que permitan enfrentar los despidos actuales y anticiparnos a nuevos recortes.
El traspaso al SLEP no puede significar que las y los trabajadores paguen el costo de una nueva administración. No podemos aceptar que se utilice la transición para reducir gastos, precarizar empleos o desconocer derechos conquistados.
¡No a los despidos en el traspaso al SLEP! ¡Reintegro de las y los trabajadores desvinculados! ¡Ningún derecho menos!
La defensa de la educación pública también implica defender a quienes la sostienen todos los días. Y para hacerlo necesitamos organización, unidad y movilización de toda la comunidad educativa.
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