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Diario electrónico POLITIKA
Reforma constitucional de JAK: sin ingenuidad
...una sociedad que durante demasiado tiempo ha pedido seguridad sin preguntarse suficientemente qué precio institucional está dispuesta a pagar por ella.
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escribe Mauricio Vargas
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Este no es el último proyecto. Es el primero de una agenda de treinta, que el propio Gobierno ha presentado como una ofensiva legislativa de alrededor de treinta iniciativas contra el crimen organizado y el terrorismo.
Hay momentos en que una sociedad descubre que el problema que está discutiendo no es exactamente el problema que tiene delante.
Chile lleva años discutiendo cómo enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo y la pérdida de control sobre determinados territorios. Es una discusión legítima, urgente y, a estas alturas, imposible de eludir.
Pero la reforma constitucional que José Antonio Kast acaba de poner sobre la mesa obliga a mirar un poco más lejos.
Porque una cosa es ampliar las herramientas con que el Estado combate el crimen. Otra, muy distinta, es modificar las reglas constitucionales que determinan hasta dónde puede llegar el poder cuando dice estar combatiéndolo.
Y esa diferencia importa.
Mucho.
El verdadero objeto de esta reforma no es solamente qué podrá hacer el Estado contra el crimen.
Es qué podrá hacer el poder cuando invoque la seguridad.
No en la discusión, bastante agotada, sobre si Chile necesita más seguridad.
Claro que la necesita.
Tampoco en la caricatura inversa según la cual toda política de seguridad constituye una amenaza para las libertades. Una democracia tiene el derecho -y la obligación- de defenderse.
La cuestión es bastante más profunda: ¿Qué tipo de poder estamos dispuestas o dispuestos a construir para defenderla?
José Antonio Kast no ha presentado simplemente una nueva política de seguridad. Ha presentado una modificación de las reglas constitucionales bajo las cuales el Estado podrá ejercer ese poder.
Y eso obliga a detenerse en una pregunta que hasta ahora ha quedado peligrosamente escondida detrás de la palabra seguridad:
¿Por qué necesitamos una nueva excepción constitucional?
Chile ya tiene cuatro. No son cuatro figuras decorativas. Cada una responde a una determinada situación extraordinaria y establece facultades, restricciones y controles diferentes.
La más utilizada durante los últimos años -el estado de emergencia- ya permite desplegar Fuerzas Armadas en determinadas zonas y restringir ciertas libertades bajo condiciones constitucionales específicas.
Entonces, si existe un mecanismo de excepción destinado precisamente a enfrentar graves alteraciones del orden público, ¿qué problema institucional pretende resolver este quinto mecanismo?
La respuesta del Gobierno es la necesidad de contar con una herramienta más eficaz y permanente para enfrentar amenazas graves a la seguridad pública.
Es una explicación plausible.
Pero no alcanza.
Porque una reforma constitucional no se evalúa solamente por el problema que dice querer resolver. También debe examinarse por el poder que crea para resolverlo.
El nuevo estado de excepción no se limita a aumentar el despliegue estatal.
Amplía las facultades con que el poder puede intervenir sobre la libertad personal y de desplazamiento, el derecho de reunión y asociación; contempla facultades sobre documentos y comunicaciones; permite requisar bienes y establece un régimen excepcional de duración extraordinariamente prolongada.
No estamos, entonces, simplemente ante más policías, más inteligencia o más militares.
Estamos ante una modificación constitucional de las condiciones en que el Ejecutivo puede restringir derechos fundamentales.
Y hay una diferencia sustantiva entre ambas cosas.
La excepción puede durar ocho meses.
Una pregunta sobre la extensión que Mónica Rincón puso sobre la mesa merece ser llevada bastante más lejos: ¿En qué momento una medida excepcional deja de ser excepcional?
Ocho meses son importantes, pero no son el argumento.
El argumento es que estamos modificando constitucionalmente la relación entre excepcionalidad, Ejecutivo y derechos fundamentales.
Hay algo que vuelve todavía más perturbadora esta pregunta.
Kast no llegó a La Moneda sin haber explicado antes qué entendía por seguridad, orden, autoridad y poder presidencial.
Eso importa. No porque un programa de gobierno sea una confesión secreta de intenciones futuras. No lo es.
Tampoco porque toda propuesta anterior deba ser leída como el destino inevitable de un gobierno.
Importa porque permite establecer algo mucho más elemental: Qué ideas precedieron a las instituciones que hoy comienzan a construirse.
Y aquí conviene mirar hacia atrás.
En 2021, cuando Kast todavía era candidato presidencial, la seguridad ocupaba ya un lugar central en su proyecto político.
En 2022, esa concepción adquirió una formulación mucho más extensa dentro de las propuestas constitucionales de la derecha que él encabezaba políticamente.
Y ahora, desde el Gobierno, algunas de aquellas preocupaciones ya no aparecen como promesas electorales ni como propuestas programáticas.
Aparecen convertidas en normas que pretenden incorporarse a la arquitectura constitucional del Estado.
Esa diferencia es enorme.
Porque un candidato puede prometer mano dura.
Un Presidente puede aplicarla mediante leyes.
Pero cuando un gobierno empieza a modificar la Constitución para darle una forma institucional duradera a esa concepción de la seguridad, ya no estamos hablando sólo de una política pública.
Estamos hablando de las reglas del poder.
Y aquí conviene mirar una de las modificaciones que puede parecer, a primera vista, casi inocua: incorporar expresamente la seguridad pública como un deber del Estado en el primer artículo de la Constitución.
El Gobierno lo presenta como algo casi elemental.
La seguridad permite ejercer los demás derechos.
Sin seguridad no existe libertad efectiva.
El Estado tiene el deber de proteger a sus ciudadanos.
Todo eso puede sostenerse.
Pero las constituciones no son listas de buenas intenciones.
El artículo primero establece los fundamentos desde los cuales se organiza el Estado.
Y poner allí la seguridad pública no equivale simplemente a decir que la policía debe hacer mejor su trabajo. Significa convertir la seguridad en un principio constitucional ordenador.
El propio Gobierno lo ha explicado en esos términos: ya no sería solamente una función administrativa, sino un principio que debe orientar la actuación de las instituciones del Estado. Ahí aparece otra pregunta que no conviene despachar demasiado rápido: ¿Qué ocurre cuando la seguridad deja de ser uno de los objetivos del Estado y comienza a convertirse en uno de los criterios desde los cuales se define el ejercicio de los demás derechos?
No es una diferencia semántica.
Porque en una democracia constitucional los derechos no existen porque el Estado considere que son útiles.
Existen precisamente para establecer límites al Estado.
La seguridad tampoco es enemiga de la libertad.
Pero puede convertirse en el argumento mediante el cual la libertad empieza a admitir excepciones cada vez más amplias.
Ahí está la zona que debemos mirar.
Y hay otra pieza.
El proyecto contempla un mecanismo para identificar formalmente organizaciones criminales y terroristas. El Ejecutivo tendría un papel relevante en esa determinación, con intervención posterior del Senado bajo las condiciones establecidas por la reforma.
De nuevo: ¿Quién podría estar en contra de identificar organizaciones criminales?
Nadie razonable.
Pero las democracias aprendieron, a un costo extraordinario, que no basta con preguntar quién es el enemigo.
También hay que preguntar: ¿Quién tiene la facultad de nombrarlo?
Porque nombrar al enemigo no es una operación neutra.
Determina sobre quién pueden aplicarse determinadas herramientas del Estado.
Y cuanto más extraordinarias son esas herramientas, mayor debe ser el estándar de control sobre quien decide utilizarlas.
Es exactamente aquí donde la discusión sobre seguridad empieza a tocar la arquitectura democrática.
No porque los criminales deban quedar protegidos frente al Estado. Al contrario.
Porque el poder que se entrega para perseguirlos seguirá existiendo después de que ellos hayan sido perseguidos.
Esto permite entender también por qué resulta insuficiente discutir esta reforma exclusivamente desde la pregunta: “¿Funcionará contra el crimen?”
Por supuesto que esa pregunta es relevante.Pero es sólo una de las preguntas.
Una Constitución debe ser evaluada también por otra: “¿Qué puede hacer el Estado con las facultades que le estamos entregando si mañana el contexto cambia?”
Porque una facultad constitucional no distingue entre un buen Presidente y uno malo.
No sabe quién será oposición.
No sabe qué partido gobernará en 2030.
No sabe qué crisis aparecerá dentro de cinco años.
Una vez incorporada al orden constitucional, la herramienta deja de pertenecer al gobierno que la creó.
Pasa a pertenecer al Estado.
Y por eso la discusión sobre los contrapesos no es una exquisitez jurídica.
Es el corazón del asunto.
Hay, además, una circunstancia que vuelve particularmente importante observar esta reforma en conjunto.
Este no es el último proyecto.
Es el primero de una agenda de treinta, que el propio Gobierno ha presentado como una ofensiva legislativa de alrededor de treinta iniciativas contra el crimen organizado y el terrorismo.
La primera pieza, entonces, no puede ser evaluada como si fuera la última.
Todavía no sabemos qué aspecto tendrá el conjunto.
Pero sí sabemos algo: La dirección ya está trazada.
Y eso obliga a mirar cada nueva facultad no sólo por lo que hace aisladamente, sino por la relación que establece con las anteriores.
Una nueva atribución policial puede parecer razonable.
Una nueva herramienta de inteligencia puede parecer necesaria.
Un nuevo régimen penitenciario puede parecer inevitable.
Un nuevo mecanismo de control territorial puede parecer urgente.
Una nueva excepción constitucional puede parecer conveniente.
Una modificación del artículo primero puede parecer simbólica.
Un registro de organizaciones criminales puede parecer técnicamente útil. El problema aparece cuando todas esas decisiones comienzan a apuntar en la misma dirección.
Entonces la pregunta deja de ser si cada una tiene una justificación.
Probablemente la tenga.
La pregunta pasa a ser: ¿qué Estado estamos construyendo cuando todas ellas funcionan simultáneamente?
Y ahí es donde la historia de Kast anterior a Kast Presidente deja de ser un dato biográfico.
Se convierte en un elemento de comparación.
Porque si en 2021 aparecían determinadas ideas, si en 2022 esas ideas encontraron una formulación constitucional más desarrollada, y si en 2026 algunas de ellas comienzan a ingresar efectivamente en la Constitución desde el Ejecutivo, tenemos tres momentos distintos de una misma historia.
No necesariamente una conspiración.
No necesariamente un plan perfectamente trazado desde el primer día.
Pero sí algo mucho más comprobable: continuidad política.
Y la continuidad política, cuando llega al poder constitucional, merece ser examinada.
No para adivinar qué hará Kast mañana.
Para mirar con precisión qué está haciendo hoy.
Por esto, lo verdaderamente inquietante no es descubrir que Kast tenía ideas duras sobre seguridad. Nunca las ocultó.
Lo alarmante es observar qué ocurre cuando aquellas ideas dejan de pertenecer al programa de un candidato y comienzan a transformarse, desde el poder, en instituciones.
Un programa puede ser rechazado por los electores.
Una propuesta puede ser derrotada en el Congreso.
Una promesa puede desaparecer con una campaña.
Una institución es diferente.
Cuando una idea entra en la Constitución, deja de ser solamente la voluntad de quien la propuso.
Adquiere una duración que excede al gobierno que la creó y un poder que podrá ser utilizado por quienes todavía ni siquiera conocemos.
Por eso resulta necesario volver a mirar a Kast antes de Kast Presidente.
No para encontrar retrospectivamente la prueba de que todo estaba escrito desde el comienzo.
Eso sería demasiado fácil y, sobre todo, poco serio.
El tema de fondo es otro: ¿Existe continuidad entre aquello que defendió cuando buscaba el poder, aquello que intentó plasmar cuando tuvo la oportunidad de intervenir en el debate constitucional y aquello que ahora, desde La Moneda, está intentando convertir en norma?
Si la respuesta es sí, la reforma deja de ser un episodio aislado.
Se convierte en un momento de una trayectoria.
Y aquí aparecen tres Kast que conviene no confundir.
El candidato de 2021.
El del proyecto constitucional de 2022.
El Presidente de 2026.
Tres momentos distintos. Tres contextos políticos distintos. Tres oportunidades para observar una misma cuestión: qué lugar ocupa el poder del Estado en la concepción política de José Antonio Kast.
En 2021, la seguridad ya no aparecía simplemente como una política pública entre otras. Formaba parte de una concepción más amplia del orden, de la autoridad y de la capacidad del Estado para recuperar aquello que, a juicio de Kast, había perdido.
No era una anomalía dentro de su programa. Era una de sus columnas vertebrales.
Y eso permite entender que la reforma que hoy llega al Senado no apareció desde el vacío.
Después vino 2022.
El intento constitucional de la derecha fue derrotado en las urnas, pero dejó algo más interesante para nuestro propósito que su resultado electoral: un documento de 204 páginas en el que una determinada visión del Estado quedó escrita con mucho mayor detalle que en cualquier programa de campaña.
Ahí ya no se trataba solamente de decir que había que recuperar el orden.
Había que definir constitucionalmente qué Estado debía existir para garantizarlo.
Y esa comparación, ahora, adquiere valor.
No porque cada artículo de aquel texto haya reaparecido en la reforma de 2026. No es necesario que así sea.
Lo importante es observar qué ideas sobrevivieron al fracaso de aquel proyecto constitucional.
Qué desapareció.
Qué cambió.
Qué permaneció.
Y, sobre todo, qué está reapareciendo ahora bajo la forma de una iniciativa que ya no presenta un candidato, sino un Presidente de la República que dispone del poder institucional para intentar convertir esas ideas en derecho positivo. Ahí la continuidad deja de ser una impresión.
Puede empezar a demostrarse.
Y hay algo todavía más significativo.
Kast no necesita reproducir literalmente sus antiguas propuestas para que exista continuidad política.
Las ideas políticas rara vez sobreviven de esa manera, palabra por palabra.
Se adaptan.
Cambian de nombre.
Encuentran nuevas circunstancias.
Se acomodan a las mayorías disponibles.
Lo que importa es la dirección.
Si en 2021 la respuesta frente al desorden era aumentar la autoridad del Estado; si en 2022 esa respuesta encontraba una formulación constitucional; y si en 2026 el Gobierno comienza a introducir modificaciones constitucionales que amplían las herramientas excepcionales del Ejecutivo, entonces lo que tenemos delante no es una simple colección de coincidencias.
Tenemos una trayectoria que merece ser examinada.
Las democracias no se transforman únicamente cuando alguien decide abolirlas.
También pueden transformarse cuando, utilizando los procedimientos democráticos, se modifican progresivamente las condiciones bajo las cuales funciona el poder.
Una mayoría puede aprobar una ley.
Un Congreso puede aprobar una reforma constitucional.
Un Presidente puede recibir atribuciones extraordinarias conforme a los procedimientos establecidos.
Todo eso puede ser formalmente democrático.
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Pero ¿qué ocurre con la democracia cuando esas decisiones, acumuladas, reducen progresivamente los espacios de control sobre quien ejerce el poder?
Ésa es una pregunta bastante más honesta que preguntar si Kast es autoritario.
Porque la segunda admite una respuesta ideológica.
La primera exige mirar las instituciones.
Y entonces volvemos al proyecto que tenemos delante.
Porque lo relevante no es que Kast quiera perseguir el crimen organizado. Es que para hacerlo está proponiendo modificar el lugar que ocupa el Ejecutivo frente a los derechos fundamentales, frente al Congreso y frente a la excepcionalidad constitucional.
Y eso nos devuelve a una frase que debería acompañar toda lectura de esta reforma:
El verdadero objeto de esta reforma no es solamente qué podrá hacer el Estado contra el crimen. Es qué podrá hacer el poder cuando invoque la seguridad.
La historia democrática conoce muy bien esa palabra.
Seguridad.
Casi nunca necesita presentarse como enemiga de la libertad. Mucho más eficaz es presentarse como su condición.
Y ésa es precisamente la dificultad de este momento.
Porque nadie quiere vivir con miedo.
Nadie quiere entregar su barrio al narcotráfico.
Nadie quiere que las organizaciones criminales ocupen territorios.
Nadie quiere que el Estado llegue tarde.
El miedo es real.
El delito es real.
La amenaza existe.
Y justamente por eso la seguridad es uno de los argumentos políticos más poderosos que puede utilizar un gobierno para ampliar el poder del Estado.
La pregunta democrática nunca ha sido si el Estado debe defenderse.
Ha sido otra: ¿Quién controla al que defiende al Estado?
Y ésa es la pregunta que empieza a adquirir una dimensión nueva cuando el Gobierno no sólo propone más policías, más inteligencia o más cárceles, sino que empieza a modificar las propias reglas constitucionales bajo las cuales esas herramientas podrán ser utilizadas.
Ahí es donde las piezas comienzan, finalmente, a dejar de ser piezas.
Y empiezan a parecerse a un diseño.
Porque una Constitución no sólo distribuye competencias.
También expresa una idea sobre qué clase de poder considera legítimo una sociedad.
Y eso es lo que hace que esta discusión sea bastante más importante que Kast, bastante más importante incluso que este proyecto específico.
Chile lleva años intentando responder una pregunta legítima y urgente: cómo recuperar la seguridad que el Estado perdió en demasiados lugares y durante demasiado tiempo. Pero ahora aparece otra pregunta, mucho menos cómoda:
No es una pregunta abstracta.
Está escrita en el proyecto.
Está en la nueva excepcionalidad.
Está en la duración.
Está en las facultades sobre la libertad personal, la reunión, las comunicaciones y los bienes.
Está en la incorporación de la seguridad pública al núcleo constitucional.
Y está, sobre todo, en la decisión de hacer de todo aquello una arquitectura que trascienda a este Gobierno.
Por eso sería un error discutir esta reforma como si sólo existieran dos posiciones posibles: estar contra el crimen o estar contra el Gobierno.
Ese es precisamente el marco que debemos romper.
¿Qué estamos dispuestos a modificar de nuestra democracia para conseguir seguridad?
Uno puede querer policías más eficaces, fronteras controladas, cárceles seguras, inteligencia criminal moderna y una persecución implacable del narcotráfico y al mismo tiempo exigir que el poder que haga todo eso permanezca sometido a límites democráticos estrictos.
No hay contradicción. Al contrario.
Esa es la democracia funcionando.
El problema comienza cuando la seguridad se convierte en el argumento que vuelve sospechosa cualquier pregunta sobre los límites del poder.
Porque entonces la discusión deja de ser: “¿Esta facultad es necesaria?”
Y comienza a convertirse en: “¿Por qué usted se opone a que el Estado pueda actuar?”
Es una diferencia enorme. Y políticamente muy eficaz.
Porque transforma una discusión institucional en una prueba de lealtad.
A la seguridad.
Al orden.
A las víctimas.
A la autoridad.
Y nadie quiere aparecer del lado equivocado de alguna de ellas.
Pero una Constitución no puede escribirse bajo esa presión emocional. Tiene que ser capaz de
resistirla. Precisamente porque las emergencias producen las condiciones ideales para ampliar el poder.
Y aquí está, quizás, la parte más inquietante de todo esto.
Kast no necesita ocultar lo que piensa.
Nunca lo hizo.
Su proyecto político está disponible.
Sus programas están disponibles.
Sus intervenciones públicas están disponibles.
El texto constitucional de 2022 está disponible.
Y ahora está disponible también el proyecto que su Gobierno acaba de ingresar al Senado.
Lo que corresponde entonces no es especular.
Es ponerlos uno junto al otro. Y mirar.
Mirar qué permaneció.
Qué cambió.
Qué se radicalizó.
Qué encontró finalmente una vía institucional.
Porque allí, en esa comparación, hay una historia política mucho más clave que cualquier denuncia apresurada.
La historia de una idea que durante años perteneció al debate electoral y constitucional y que ahora tiene, por primera vez, la posibilidad material de convertirse en estructura del Estado.
Eso es lo que hace que esta reforma sea distinta.
Y es también, lo que obliga a mirarla sin ingenuidad.
No con paranoia.
No con complacencia.
Sin ingenuidad.
Porque quizá el error más grave que puede cometer una democracia frente a un proyecto de poder no sea exagerar lo que tiene delante.
Sea subestimarlo hasta que ya no quede nada que discutir salvo sus consecuencias.
Y esta vez todavía estamos a tiempo de discutirlo.
El proyecto recién comienza su recorrido.
Quince días de extrema urgencia no son la historia completa. Son apenas el comienzo de una discusión que debería ser mucho más grande que el Gobierno que la propone.
Porque lo que está en juego no es solamente cómo perseguiremos al crimen organizado durante los próximos años.
Lo que está en juego es qué entenderemos por poder legítimo cuando la seguridad se convierta en la razón para ampliarlo.
Quizá por eso esta reforma debería obligarnos a mirar un poco más lejos que la urgencia de estos quince días.
Porque las constituciones sobreviven a los gobiernos.
Sobreviven a sus presidentes, a sus mayorías, a sus enemigos y también a sus miedos.
Lo que hoy parece una herramienta diseñada para enfrentar una amenaza concreta puede mañana convertirse en la herramienta de alguien a quien nunca imaginamos en el poder.
Ésa es la razón por la que una democracia seria no construye sus límites pensando en la confianza que tiene hoy.
Los construye pensando en la desconfianza que necesitará mañana.
Kast tiene derecho a intentar transformar su particular visión de país en política pública.
Tiene derecho a defender una concepción dura de la seguridad.
Tiene derecho incluso a proponer una transformación profunda del Estado.
Lo que no puede pedirnos en una democracia es que confundamos el derecho a gobernar con el derecho a no ser controlado.
Gobernar no es disponer del poder.
Es aceptar sus límites.
Y tal vez ésa sea la verdadera prueba de este momento.
No saber si el Estado será suficientemente fuerte para enfrentar al crimen.
Eso, por supuesto, importa.
La pregunta decisiva es si seremos capaces de construir un Estado suficientemente fuerte sin volver débil a la misma democracia que ese Estado dice proteger.
Chile ya conoce el alto precio a pagar cuando las instituciones dejan de reconocer límites.
Por eso la discusión que comienza ahora no debería reducirse a Kast, ni a sus adversarios, ni siquiera a este proyecto.
Debería obligarnos a decidir qué queremos preservar cuando hablamos de democracia.
Porque una democracia no es simplemente la posibilidad de elegir quién manda. Es también la posibilidad de limitar a quien ganó.
De impedir que una mayoría convierta su miedo en ley sin medida.
De impedir que una emergencia se transforme en normalidad.
De impedir que la seguridad termine siendo la palabra bajo la cual todo límite comienza a parecer un obstáculo.
Y quizás ésta sea la paradoja que tendremos que resolver:
Para defender la democracia, tendremos que ser capaces de decirle que no incluso a aquellas medidas que parecen hechas para defenderla.
No porque el crimen organizado no sea peligroso. Precisamente porque lo es.
No porque el Estado deba ser débil. Precisamente porque debe ser fuerte.
Pero un Estado fuerte no es aquel que puede hacerlo todo.
Es aquel que puede hacer lo necesario y, aun teniendo la fuerza para hacerlo, sigue aceptando que hay cosas que no puede hacer.
Ahí está la frontera.
Y quizá ése sea el verdadero examen.
No para Kast solamente.
Para nosotras y nosotros.
Para el Congreso.
Para los partidos.
Para los medios.
Y, finalmente, para una sociedad que durante demasiado tiempo ha pedido seguridad sin preguntarse suficientemente qué precio institucional está dispuesta a pagar por ella.
Porque el poder siempre promete que la excepción será para enfrentar al enemigo de hoy.
La democracia, en cambio, tiene que pensar en la ciudadana y el ciudadano de mañana.
Y entre esas dos miradas se está jugando, ahora mismo, algo mucho más grande que una reforma constitucional.
Se está decidiendo cuánto poder estamos dispuestos a entregar para sentirnos a salvo; y cuánto de nuestra libertad estamos dispuestas y dispuestos a conservar precisamente para seguir siendo una democracia.
rmvc 19 ago 2026
POLITIKA
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