Tribuna abierta. ¿Vuelve el fantasma del cobre rojo? Subcontratación, responsabilidad y seguridad en la minería chilena
Compartimos esta columna de Ronald Salcedo, presidente de la Federación de Sindicatos BHP en Chile y miembro de la agrupación "La Mancomunal de Tarapacá".
Durante décadas, en los campamentos mineros se hablaba del “cobre rojo”. No por su brillo ni por su precio internacional, sino por la sangre obrera que marcó su historia.
Era una advertencia: cuando la producción se impone sobre la vida, el costo lo pagan los trabajadores.
Chile avanzó. Las tasas de mortalidad disminuyeron y se implementaron estándares más exigentes. Pero que las cifras hayan bajado no significa que el problema haya desaparecido.
Porque incluso cuando la estadística mejora, la muerte no se vuelve aceptable.
Aunque fuera un solo trabajador, sigue siendo una familia incompleta. Una casa donde alguien no regresará. Una ausencia permanente. La meta no puede ser “menos”. La meta debe ser cero.
Hoy, cuando reaparecen accidentes graves y eventos de alto potencial, la pregunta es inevitable: ¿estamos frente a hechos aislados o frente a señales estructurales?
La minería es una industria de alto potencial energético. Camiones de cientos de toneladas. Alta tensión eléctrica. Izajes complejos. Explosivos. Sustancias peligrosas. Trabajo en altura. Temperaturas extremas.
Aquí no hay margen para el error. La seguridad no es un trámite administrativo: es una condición de supervivencia.
La ley es clara. El artículo 184 del Código del Trabajo obliga a proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. El 183-E establece responsabilidad solidaria en subcontratación. El 184 bis reconoce el derecho a detener labores ante riesgo grave e inminente. El Decreto Supremo 44 refuerza las exigencias preventivas.
El marco normativo existe. Entonces el problema no es la falta de reglas. Es el modelo que organiza el trabajo.
La subcontratación nació para regular servicios específicos y complementarios, no para reemplazar el núcleo productivo. Sin embargo, según datos de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), en la minería el subcontrato alcanza niveles cercanos al 80% de la fuerza laboral.
Eso no es apoyo operativo. Es sustitución estructural. Cuando se externalizan tareas propias del giro para reducir costos y aumentar plusvalía, el sistema se fragmenta. En términos simples: se externaliza el riesgo y se internaliza la rentabilidad.
Se paga menos por trabajos equivalentes. Se divide a los trabajadores. Se diluye la responsabilidad operativa. Se debilita la cohesión preventiva. Se tensiona la libertad sindical y la negociación colectiva.
Aquí opera además un fenómeno más profundo: el fetichismo de la subcontratación.
Se presenta como modernización, eficiencia o especialización técnica. Pero esa apariencia neutral oculta una relación concreta de poder: fragmentar el trabajo para abaratarlo.
El fetiche convierte una decisión política en una supuesta necesidad técnica. Y cuando el poder se fragmenta, también se fragmenta la responsabilidad.
La tragedia reciente en la División El Teniente, donde seis trabajadores contratistas perdieron la vida, lo recuerda con crudeza. No son números. Son personas.
Existen investigaciones en curso para determinar eventuales responsabilidades. Cuando la ley impone un deber reforzado de cuidado, la omisión no es neutra. Si hubo incumplimientos graves o decisiones que privilegiaron la producción por sobre la seguridad, la discusión no será solo administrativa. Puede ser también penal.
En una industria de alto riesgo, la muerte no puede tratarse como un costo operacional.
A esto se suma otro factor crítico: la debilidad de la fiscalización.
Organismos como SERNAGEOMIN y la Dirección del Trabajo deben supervisar operaciones que se extienden por cientos de kilómetros en el desierto. Su tarea es enorme, pero los recursos humanos y materiales no siempre son proporcionales a esa responsabilidad.
No se puede exigir estándares de clase mundial con fiscalización insuficiente.
Y cuando las multas resultan menores frente a utilidades millonarias, el mensaje es peligroso: puede parecer más barato pagar que transformar. La vida no puede convertirse en una variable presupuestaria.
El fantasma del cobre rojo no vuelve por nostalgia. Vuelve cuando la estructura laboral se debilita. Vuelve cuando la plusvalía pesa más que la prevención. Vuelve cuando el fetiche oculta la relación real de poder. Vuelve cuando la fiscalización no alcanza. Vuelve cuando los trabajadores están divididos.
La seguridad no se sostiene con discursos ni con campañas comunicacionales. Se sostiene con estructura, con responsabilidad efectiva y con sindicatos fuertes capaces de respaldar a quienes denuncian riesgos y ejercen su derecho a detener el trabajo cuando su vida está en peligro.
El cobre puede seguir siendo el sueldo de Chile. Pero no puede volver a ser rojo por la sangre de quienes lo extraen.
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