A meses de la instalación de operativos contra la familia de Julia Chuñil, no hay pruebas ni pistas. hace algunas semanas, la Fiscalía cambia de manos el caso mientras la prensa instala culpables sin evidencia y un empresario (Juan Carlos Morstadt) que ni siquiera es nombrado en los titulares.
Han pasado tres semanas desde el anuncio de la demolición y bodega de Julia Chuñil y meses de la gran operación de violentos allanamientos y detenciones contra los hijos de Julia Chuñil, en marco de los quince meses de su desaparición. Hasta hoy no existen pruebas biológicas ni antecedentes concretos que permitan responsabilizar a los hijos por la desaparición de su madre. Sin embargo, el daño ya está hecho: estigmatización pública, hostigamiento y un despliegue policial que arrasó con viviendas sin entregar resultados.
La fiscal Tatiana Esquivel, junto a efectivos de Carabineros de Chile, abandonó recientemente la búsqueda en el hogar de Jannette Troncoso tras no encontrar absolutamente nada. El procedimiento dejó destrucción material en la vivienda, sin que hasta ahora exista claridad sobre quién responderá por esos daños.
Hoy la búsqueda se trasladó al terreno de recuperación donde vivía Julia Chuñil, predio que actualmente figura a nombre de un empresario. Un dato que, denuncian desde la familia, no ha tenido el mismo despliegue mediático que las acusaciones contra los hijos. Durante dos meses se realizaron búsquedas intensivas tanto en ese lugar como en la casa de Jannette Troncoso: "con la participación de más de 150 personas por día, entre vecinos, bomberos, grupos especializados y policías", señala un comunicado de la familia. El resultado fue claro: Julia no se encontraba en ninguno de esos sitios.
En los últimos días, la fiscal Claudia Baeza, quien estuvo en las primeras diligencias del caso, volvió al terreno. La familia cuestiona por qué el caso ha cambiado reiteradamente de fiscales y exige coherencia en los procedimientos. También demandan el levantamiento del secreto sobre los “testigos protegidos”, cuyas declaraciones —afirman— presentan contradicciones y múltiples versiones.
A esto se suma una grave denuncia de parte de la familia: "acoso nocturno con drones sobre la vivienda donde permanecen menores de edad. Cada dos noches los aparatos sobrevuelan y espían por las ventanas". Desde Carabineros señalan que no se trata de operativos institucionales y apuntan a la prensa. Mientras tanto, los canales nacionales ya instalaron en cadena la imagen de los hijos como responsables, sin pruebas concluyentes.
La familia exige que se investigue al empresario que, según denuncian, amenazaba y hostigaba a Julia Chuñil antes de su desaparición. En un país donde la condena mediática suele adelantarse a la verdad judicial, reclaman una investigación seria, sin montajes ni presiones, y el fin del hostigamiento contra menores y familiares.
“Seguiremos unidos”, afirman. Y advierten que darán la pelea para demostrar su inocencia frente a una opinión pública moldeada por titulares, pero aún carente de pruebas.
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