Cisjordania: Del discurso de incitación al terreno: ¿están empezando los llamamientos a convertirse en realidad?
Los llamamientos de incitación documentados hace dos semanas por la Organización Al-Baidar para la Defensa de los Derechos de las Comunidades Beduinas y las Aldeas Palestinas Amenazadas ya no pueden considerarse meras publicaciones difundidas en las redes sociales o en los círculos de colonos extremistas. A la luz de los recientes acontecimientos sobre el terreno, comienzan a interpretarse como parte de un contexto más amplio en el que el discurso de incitación converge con una escalada sin precedentes de los ataques contra aldeas palestinas y comunidades beduinas en Cisjordania.
Durante los dos últimos días, diversas zonas del norte, centro y sur de Cisjordania fueron escenario de ataques perpetrados por grupos de colonos israelíes contra aldeas palestinas. Estos hechos se produjeron tras los enfrentamientos registrados en los alrededores de la aldea de Tell, al suroeste de Nablus, y coincidieron con amplias operaciones militares israelíes y estrictas medidas de seguridad que incluyeron incursiones, detenciones y el cierre de carreteras, agravando aún más el clima de tensión en la región. Según testimonios palestinos e informes de medios internacionales, grupos de colonos irrumpieron en varias aldeas y comunidades palestinas, incendiaron propiedades y agredieron a los residentes, lo que refleja una transición de la fase de incitación a la fase de ejecución sobre el terreno.
Estos acontecimientos adquieren especial relevancia porque se produjeron pocos días después de que la Organización Al-Baidar documentara llamamientos de incitación dirigidos por colonos contra la población palestina bajo el lema: «La victoria absoluta solo se logra expulsando al enemigo». La organización advirtió entonces que tales mensajes podían alentar ataques contra aldeas palestinas y tierras agrícolas. Independientemente de que exista o no una relación causal directa entre esas publicaciones y los ataques recientes, la coincidencia temporal plantea serios interrogantes sobre el papel que puede desempeñar el discurso de incitación en la alimentación de un entorno de violencia, especialmente cuando se produce en un contexto marcado por un incremento sostenido de las agresiones de los colonos.
La aldea de Tell, al suroeste de Nablus, fue el escenario de los hechos más graves, cuando grupos de colonos armados irrumpieron en sus alrededores y atacaron a los habitantes y sus viviendas. Los enfrentamientos resultantes se saldaron con la muerte de cuatro palestinos y dos israelíes, uno de ellos un soldado y el otro integrante del grupo israelí implicado en el incidente. La agencia Reuters informó que los colonos entraron en la zona con el propósito de atacar la aldea, mientras que Israel sostuvo inicialmente que el incidente comenzó tras un ataque contra civiles israelíes, para reconocer posteriormente que algunos de ellos iban armados. A continuación, el ejército israelí lanzó una amplia operación militar dentro de la aldea que incluyó la detención de más de setenta palestinos, el establecimiento de centros de interrogatorio sobre el terreno y registros domiciliarios.
Las agresiones no se limitaron a la aldea de Tell. Informes de organizaciones de derechos humanos y de diversos medios señalaron que grupos de colonos lanzaron ataques contra aldeas palestinas vecinas, entre ellas Awarta, Far’ata, Imatin y Surra, donde viviendas, vehículos y tierras agrícolas fueron incendiados, además de registrarse disparos y ataques con piedras. Varios palestinos resultaron heridos al intentar repeler estas agresiones. Estos ataques estuvieron acompañados por un amplio despliegue militar israelí, la instalación de nuevos puestos de control y un endurecimiento de las restricciones a la circulación de los palestinos en la zona.
Las agresiones registradas durante los dos últimos días no se limitaron a la gobernación de Nablus, sino que se extendieron también a aldeas situadas al este de Ramala y al sur de Hebrón, lo que constituye un indicador de la ampliación del alcance geográfico de los ataques. En la gobernación de Ramala, grupos de colonos continuaron sus agresiones en los alrededores de las localidades de Sinjil, Al-Mughayyir, Abu Falah, Deir Jarir, Turmus Ayya y el este de Al-Taybeh. Informes de organizaciones de derechos humanos documentaron el incendio de tierras agrícolas, viviendas y vehículos palestinos, así como ataques con piedras contra casas y automóviles y agresiones físicas contra residentes que intentaban extinguir los incendios o hacer frente a los atacantes. Esta zona figura entre las más afectadas por la violencia de los colonos durante los últimos meses, en un contexto marcado por la expansión de los puestos de avanzada de asentamientos circundantes y el reiterado cierre de los caminos agrícolas que conducen a las tierras palestinas.
En el sur de Hebrón, especialmente en la zona de Masafer Yatta, continuaron las agresiones contra las comunidades beduinas y pastoriles. Pastores palestinos fueron objeto de ataques físicos, así como de intentos de apoderarse de sus rebaños de ovejas, además de actos de sabotaje contra fuentes de agua e infraestructuras agrícolas y de impedir a los habitantes el acceso a las zonas de pastoreo. Informes de las Naciones Unidas confirman que estas agresiones forman parte de un patrón recurrente dirigido contra las comunidades pastoriles de la región y que, durante los dos últimos años, ha contribuido al desplazamiento de varias comunidades o a la reducción de su presencia debido al deterioro de las condiciones de seguridad y de vida.
En este mismo contexto, la organización Save the Children, basándose en un análisis de datos de las Naciones Unidas, anunció que el número de ataques perpetrados por colonos en Cisjordania aumentó un 45 % durante el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo período de 2025. Durante los seis primeros meses del año se registraron más de 1.020 incidentes, frente a 757 en el mismo período del año anterior. La organización explicó que esta escalada provocó el desplazamiento de más de mil niños palestinos en tan solo seis meses como consecuencia de los repetidos ataques contra comunidades residenciales, el incendio de viviendas, vehículos y tierras agrícolas, los ataques contra escuelas y el robo de ganado. Según la organización, estos patrones de violencia afectan directamente el derecho de los niños a la seguridad, a la educación y a una vida normal.
Estos datos coinciden con la información de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), que sostiene que 2026 está registrando uno de los niveles más elevados de violencia de los colonos desde que comenzaron a documentarse estos incidentes en 2006. En sus informes periódicos, la Oficina ha documentado cientos de ataques dirigidos contra más de 220 comunidades palestinas durante los primeros meses del año, con un promedio cercano a seis ataques diarios, que incluyeron agresiones físicas, incendios de viviendas y vehículos, destrucción de infraestructuras, daños a tierras agrícolas, así como nuevas olas de desplazamiento forzado en varias comunidades beduinas.
Las comunidades beduinas y pastoriles aparecen como el eslabón más vulnerable dentro de este escenario. Según datos de las Naciones Unidas, 117 comunidades palestinas han sufrido desplazamientos totales o parciales desde enero de 2023 como consecuencia de los ataques de los colonos y de las restricciones impuestas al acceso a las tierras agrícolas y de pastoreo. El número de palestinos obligados a abandonar sus lugares de residencia supera ya las 5.900 personas, entre ellas alrededor de 2.000 solo durante 2026, la mayoría mujeres y niños. Estas cifras indican que los ataques han dejado de ser incidentes aislados de carácter meramente securitario para convertirse en un fenómeno con profundas consecuencias demográficas y humanitarias sobre las comunidades rurales palestinas.
En este contexto, el abogado Hassan Mleihat, supervisor general de la Organización Al-Baidar para la Defensa de los Derechos Humanos, señala que los acontecimientos recientes reflejan un patrón que se viene repitiendo desde hace años: comienza con un discurso de incitación que presenta a las aldeas palestinas como una «amenaza para la seguridad»; posteriormente evoluciona hacia agresiones sobre el terreno dirigidas contra la población o sus bienes; y finalmente termina imponiendo una nueva realidad caracterizada por mayores restricciones de seguridad, desplazamientos de población o la ampliación del control sobre las tierras palestinas.
Este análisis adquiere aún mayor relevancia a la luz de las conclusiones de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel, la cual afirmó en su informe publicado en junio de 2026 que las autoridades israelíes contribuyeron a crear un entorno que permitió la intensificación de los ataques de los colonos mediante apoyo, protección o la falta de aplicación efectiva de la ley, considerando que la impunidad ha sido un factor determinante en la expansión de estas agresiones. Por su parte, el Gobierno israelí rechaza estas acusaciones y sostiene que adopta medidas contra los actos de violencia cuando existen pruebas suficientes, al tiempo que rechaza las caracterizaciones formuladas por organismos de las Naciones Unidas que sostienen la existencia de una política oficial de apoyo a las agresiones de los colonos.
Recomendaciones
A la luz de los datos sobre el terreno y de las tendencias identificadas en el presente informe, se desprende un conjunto de recomendaciones que podrían contribuir a reducir los riesgos de una mayor escalada y a reforzar la protección de la población civil:
En primer lugar, abrir investigaciones internacionales independientes sobre los ataques registrados en las aldeas de la gobernación de Nablus, el este de Ramala y el sur de Hebrón, incluyendo el examen de las circunstancias en que se produjeron los ataques, el papel desempeñado por todas las partes y la determinación de las responsabilidades sobre la base de los hechos y las pruebas, de conformidad con las normas del derecho internacional.
En segundo lugar, fortalecer los mecanismos de protección de la población civil palestina, especialmente en las aldeas agrícolas y las comunidades beduinas situadas junto a los asentamientos y puestos avanzados israelíes, mediante el incremento, siempre que sea posible, de la presencia de observadores internacionales, el refuerzo de los mecanismos de supervisión de las Naciones Unidas y la garantía de un acceso seguro de la población a sus tierras agrícolas, fuentes de agua y zonas de pastoreo.
En tercer lugar, hacer frente a los discursos de incitación a la violencia, independientemente de su origen, por constituir un indicador temprano del riesgo de escalada. Ello requiere monitorear dichos discursos, investigarlos y aplicar la legislación pertinente, en consonancia con las normas internacionales que distinguen entre la libertad de expresión y los llamamientos que incitan a la violencia contra la población civil.
En cuarto lugar, reforzar la rendición de cuentas y garantizar una aplicación efectiva de la ley, de modo que se investiguen todas las agresiones dirigidas contra la población civil o sus bienes y se lleve ante la justicia a los responsables mediante procedimientos judiciales independientes e imparciales, contribuyendo así a reducir el fenómeno de la impunidad señalado de manera reiterada por informes de las Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos.
En quinto lugar, incrementar el apoyo humanitario y económico a las comunidades palestinas afectadas, en particular a las comunidades beduinas y pastoriles expuestas al riesgo de desplazamiento, mediante la protección de las fuentes de agua, la rehabilitación de las tierras agrícolas, la compensación de las personas afectadas y la garantía de la continuidad de los servicios esenciales, la educación y la atención sanitaria.
En sexto lugar, que la Unión Europea asuma un papel más activo en el seguimiento de la evolución de la situación en Cisjordania, en consonancia con su compromiso declarado con la protección de la población civil y el respeto del derecho internacional. Ello podría incluir la ampliación de los esfuerzos de observación diplomática, el apoyo a los mecanismos internacionales de rendición de cuentas y el fortalecimiento del diálogo con las autoridades israelíes para garantizar la adopción de medidas eficaces destinadas a prevenir los ataques de los colonos y a hacer cumplir la ley contra sus responsables, además de continuar apoyando a las comunidades palestinas más afectadas.
En séptimo lugar, situar nuevamente la protección de la población civil en el centro de los esfuerzos políticos y diplomáticos, como condición indispensable para evitar un mayor deterioro de la situación y crear las condiciones que permitan reducir la escalada y reanudar cualquier proceso político futuro basado en el derecho internacional.
Conclusión
Los hechos documentados en el presente informe ponen de manifiesto que los ataques más recientes no constituyen meros incidentes aislados de seguridad, sino que se inscriben en un contexto acumulativo caracterizado por el incremento de la violencia ejercida por los colonos y por la ampliación del alcance de los ataques contra aldeas agrícolas y comunidades beduinas en el norte, centro y sur de Cisjordania. Asimismo, la coincidencia temporal entre los discursos de incitación que precedieron a estos acontecimientos y la intensificación de los ataques sobre el terreno constituye un indicador que merece un seguimiento riguroso, aun cuando la demostración de una relación jurídica directa entre ambos requiera investigaciones independientes sustentadas en pruebas.
Los datos publicados por las Naciones Unidas, Save the Children y diversas organizaciones israelíes y palestinas de derechos humanos indican que Cisjordania atraviesa una tendencia ascendente en los ataques de los colonos, acompañada de un aumento del número de víctimas, de una mayor destrucción de bienes y propiedades y de un incremento de los desplazamientos, especialmente entre las comunidades beduinas y pastoriles. Todo ello refuerza la preocupación de que la violencia deje de manifestarse como una sucesión de incidentes aislados para evolucionar hacia un patrón más organizado y extendido, con crecientes implicaciones humanitarias, jurídicas y políticas.
Al mismo tiempo, estas dinámicas no pueden desvincularse del clima de polarización política y de la ausencia de un horizonte de negociación, factores que hacen que el escenario sobre el terreno sea cada vez más propenso a una escalada. Asimismo, la continuidad de los ataques, si no va acompañada de medidas eficaces para prevenirlos y exigir responsabilidades a sus autores, podría provocar un mayor deterioro de la situación humanitaria, un incremento de los desplazamientos internos y una intensificación de las presiones que lleven a un número creciente de palestinos a buscar vías de emigración o solicitar protección internacional, otorgando así a la crisis una dimensión que trasciende las fronteras de Cisjordania y la convierte en una cuestión de interés regional y europeo.
La persistencia de los ataques israelíes y el aumento de su intensidad plantean serios interrogantes sobre la eficacia de la aplicación de la ley y de los mecanismos destinados a combatir la impunidad. En este sentido, la verdadera prueba de la próxima etapa no consistirá únicamente en contabilizar el número de ataques, sino en la capacidad de la comunidad internacional y de las partes concernidas para transformar las reiteradas advertencias en medidas concretas que garanticen la protección de la población civil, impidan que la incitación se convierta en una realidad permanente sobre el terreno y reduzcan el riesgo de que Cisjordania se deslice hacia una fase de violencia e inestabilidad aún más amplia, con las consiguientes repercusiones para la seguridad regional y para el futuro de cualquier solución política.
Rasem Bisharat es Doctor en Estudios de Asia Occidental, investigador y analista, especialista en asuntos palestinos y latinoamericanos. Comisionado de Relaciones Exteriores de la Organización Al-Baidar para la Defensa de los Derechos de las Comunidades Beduinas y las Aldeas Palestinas Amenazadas.
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