Estado mexicano sigue sin garantizar la vida de niñas migrantes
“No es el primer caso de una niña que muere bajo custodia del Estado mexicano”, señaló el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), luego de que dos niñas de origen haitiano fueron encontradas en el interior de una cisterna de almacenamiento de la Casa Hogar “Patos”, en San Raymundo Jalpan, Oaxaca, perteneciente al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y vinculada al Instituto Nacional de Migración (INM).
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que las niñas estaban albergadas junto con su madre en el centro de transición, sin especificar la fecha de ingreso ni su estatus migratorio. El 24 de febrero de 2026, día de los hechos, la autoridad argumentó que las menores jugaron cerca de la zona de riesgo, donde posteriormente fueron encontradas sin vida.
“Es imposible creer que pudiera estar abierta una cisterna o una fosa séptica; que las niñas, jugando, pudieran haber caído ahí y perdido la vida. Es terrible. Protección Civil debe realizar esa supervisión”, dijo Sandra Martínez, abogada de niñez migrante del IMUMI, en entrevista con Avispa Mídia.
También la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Oaxaca debió velar porque las niñas estuvieran en un lugar seguro. “Tienen la responsabilidad de cuidar la vida y la integridad de NNA, así como de sus familias. Pero no ocurrió”, lamentó Sandra Martínez.
Aunado a lo anterior, el caso ha sido manejado con absoluto hermetismo y control por parte de las autoridades, que han mantenido a la madre alejada incluso de organizaciones defensoras de derechos humanos.
“Se desconoce si había algún otro familiar, además de la madre, en la Casa Hogar “Patos”. ¿Cómo llegaron a Oaxaca? ¿Cómo fue que ingresaron a la casa hogar? No se sabe si cuentan con alguna solicitud de asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), si fue una detección por parte del Instituto Nacional de Migración o del DIF. Tampoco se mencionó cuántas personas o familias se encontraban en este centro de asistencia social”, cuestionó la abogada.
La Fiscalía de Oaxaca dio a conocer que, derivado de la colaboración institucional y del intercambio de información con autoridades del Sistema DIF Estatal, tres personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, mismas que fueron destituidas de sus funciones en la Casa Hogar “Patos”.
“No solo se trata de la destitución de las personas responsables, sino de lo que conllevan este tipo de hechos: la investigación exhaustiva, pronta y transparente que debe realizar la Fiscalía de Oaxaca; la atención que debe brindar la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) o incluso la CEAV a nivel federal, para el acompañamiento de la madre de las niñas; además del acompañamiento psicosocial, el acceso a asesoría jurídica y la entrega de los cuerpos de las niñas. Recordemos que la madre debe tener acceso a la traducción al criollo haitiano y a la reparación integral del daño”, precisó Sandra Martínez.
Para IMUMI, es importante reconocer que las niñas, niños y adolescentes tienen derechos, así como un cambio de perspectiva en el presupuesto destinado a las dependencias que atienden infancias y la restitución de sus derechos, función en la que interviene la Procuraduría de Protección de NNA.
“No se está garantizando la vida de las personas que se encuentran bajo custodia del Estado. No podemos permitir que esto vuelva a ocurrir en otro centro de asistencia social por negligencia, falta de presupuesto o insuficiencia de personal”, insistió la abogada, subrayando la urgencia de que la Procuraduría haga valer las garantías de no repetición.
En diferentes momentos, la sociedad civil ha solicitado que estos espacios sean de puertas abiertas, para que las familias migrantes no estén privadas de la libertad. Además, que cumplan con las normas y la reglamentación que un centro de asistencia social debe tener, incluyendo medidas de protección civil y personal certificado, por mencionar algunas.
“Personal que haya pasado por todos los estudios psicológicos y de trabajo social, que sea realmente capacitado para atender a niñas, niños y adolescentes, así como a sus familias”, agregó la abogada.
No es un hecho aislado
“Este no es el primer caso de una niña que muere bajo custodia del Estado mexicano. En IMUMI acompañamos el caso de la niña de origen guatemalteco que falleció en un espacio del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad de México, en la estación migratoria de Las Agujas”, recordó Sandra Martínez.
El 15 de mayo de 2019, a la niña se le asignó la parte alta de una litera para dormir; cayó y se golpeó la parte izquierda del abdomen contra una placa de concreto. La madre pidió al médico del INM que atendiera a su hija, pero este respondió que la niña buscaba llamar la atención. Con el paso de las horas, la situación se agravó y la niña falleció durante el traslado de la estación migratoria a un hospital, sin haber recibido asistencia médica.
Fue hasta octubre del mismo año cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 77/2019, en la cual señala un apartado titulado La situación de vulnerabilidad de las personas migrantes detenidas en recintos migratorios, en especial la niñez migrante, en el que se hacen observaciones sobre los incumplimientos para garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes en tránsito por México, desde 2015.
Antes de 2019, se permitía atender a niñas, niños y adolescentes en estaciones migratorias. A partir de la armonización de la Ley de Migración con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en 2020, existe una prohibición de que permanezcan en estaciones migratorias. Sandra Martínez explicó que, tras la detención, deben ser canalizados de manera inmediata a los centros de asistencia social del DIF o de asistencia privada.
“En las estaciones migratorias, las familias y las niñas, niños y adolescentes efectivamente estaban en condiciones de detención, y ahora –tras la armonización– vemos que en los centros de asistencia social también están privadas de la libertad. Se construyen estos centros de asistencia social que, en teoría, son diferentes o deberían ser lugares especializados para niñas, niños y adolescentes a cargo del Sistema DIF”, dijo la abogada de IMUMI.
En este tenor, México incumple con sus responsabilidades internacionales respecto a personas con necesidades de protección internacional. “Recordemos la parte importante: mujeres y niñas transitan por México provenientes de situaciones vulnerables. Pueden venir huyendo del conflicto que actualmente atraviesa su país, Haití, pero también de otro tipo de vulnerabilidades, como la exclusión, la discriminación interseccional y el racismo. Entonces se suma la condición de ser mujer, ser niña y ser migrante”, explicó Sandra Martínez.
El IMUMI ha documentado que este tipo de espacios no proporcionan información sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, sobre todo cuando están no acompañados. Tampoco se les informa cuánto durará el proceso, qué autoridades deben entrevistarlos, ni se toma en cuenta su tránsito o su opinión para determinar su situación jurídica.
Algunos centros fueron adecuados tras las armonizaciones a las leyes, mientras que otros se edificaron en años posteriores como la Casa Hogar “Patos” (2021-2023). En la mayoría de estos espacios no se permite el acceso ni el monitoreo por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos.
La muerte de las niñas bajo protección del Estado mexicano ha causado tal indignación que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó los hechos e instó al Estado mexicano a continuar con la debida diligencia reforzada a fin de juzgar y sancionar a los responsables, a la par de solicitar la asistencia a la madre, el trato digno de los cuerpos, y una reparación integral.
Organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales se sumaron a la exigencia de justicia; otras como ACNUR, OIM y Unicef se han puesto a disposición para dar apoyo técnico para fortalecer el espacio de tránsito.
El IMUMI dijo que es importante recordar que las NNA son víctimas de varios delitos durante su tránsito por México como asaltos, violencia basada en género, en muchos casos son víctimas del tráfico de personas, víctimas de trata de personas. “Ahí está el papel tan importante que tiene el Estado de la doble protección que debe de dar y no la desprotección que se confirma con estos casos”, precisó la abogada Sandra Martínez.
De acuerdo a las estadísticas de la Unidad de Política Migratoria, en 2025 fueron canalizados a las instancias del DIF o a instituciones particulares 15,172 niñas, niños y adolescentes migrantes, de los cuales 6.4% viajaban sin compañía de un adulto. En el mismo año fueron repatriados desde Estados Unidos 7,997 NNA, de los cuales 5,476 son no acompañados.
Fuente: Avispa Midia
En portada: México ya no representa un lugar de paso para originarios de Haití. En la imagen, infancias procedentes del país caribeño esperan en Tuxtla Gutiérrez durante largos periodos para poder continuar su trayecto rumbo a los EEUU durante 2025. Foto: Jeny Pascacio
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