Julia Chuñil. Justicia selectiva: Fiscalía omite y pierde pruebas clave en el caso de Julia Chuñil
A 13 meses de la desaparición de la defensora ambiental mapuche Julia Chuñil, la investigación vuelve a evidenciar la maquinaria de impunidad que opera cuando los intereses empresariales y del Estado se cruzan con los derechos de las comunidades y defensores de la naturaleza.
Durante la primera reunión presencial entre la familia y los fiscales a cargo, el Ministerio Público reconoció graves omisiones: no haber revisado audios que apuntan directamente a un empresario local, la pérdida irrecuperable de imágenes de cámaras de seguridad y una evidente descoordinación interna marcada por la ausencia de la fiscal regional responsable del caso.
Según informó la ONG Escazú Ahora, la instancia reveló un escenario aún más preocupante: la Fiscalía no ha mostrado voluntad ni diligencia para avanzar en la investigación, pese a que la familia Chuñil ha colaborado desde el primer día.
Omisiones, retrasos y descoordinación: una investigación al servicio de los empresarios
La reunión terminó exponiendo fallas estructurales en el trabajo del Ministerio Público. Para comenzar, la unidad especializada de Carabineros encargada de investigar el caso simplemente no asistió a la reunión, sin presentar explicación ni enviar un representante. Un gesto que refleja la falta de coordinación institucional y el bajo compromiso de las policías con esclarecer lo ocurrido.
Pero el punto más grave recae en la pérdida de registros audiovisuales. Tal como consta en la carpeta investigativa, la Fiscalía dejó pasar la oportunidad de acceder a las grabaciones de seguridad de Forestal Arauco, propietaria del predio colindante al lugar donde Julia fue vista por última vez con vida. La solicitud llegó seis meses tarde, excediendo los plazos de resguardo de la empresa. Resultado: las imágenes fueron destruidas y el Ministerio Público se quedó sin un material probatorio vital.
Audios ignorados que apuntan a un empresario local
La desprolijidad fiscal se agrava al constatar que los fiscales Alejandro Ríos y Claudia Baeza —actuales responsables de la causa— admitieron no haber escuchado los audios en los que el empresario Juan Carlos Morstadt presiona a la familia Chuñil para abandonar el terreno en disputa, ofreciéndoles pagos irregulares y amenazando con acciones legales.
Estos audios fueron entregados por la Fundación Escazú Ahora en enero de 2025 a través del sistema SIAU de Fiscalía. Están en la carpeta investigativa. Sin embargo, los fiscales no conocen su contenido.
¿Desidia o protección de intereses?
La acumulación de omisiones no solo cuestiona la eficiencia institucional; también abre interrogantes sobre la selectividad de la justicia en un territorio marcado por conflictos socioambientales y presencia empresarial. La negligencia en diligencias básicas, como resguardar pruebas, revisar antecedentes, coordinar equipos, se vuelve aún más grave tratándose de una defensora ambiental mapuche, en un país donde los crímenes contra liderazgos territoriales suelen quedar impunes.
Mientras la Fiscalía se excusa en trámites y tardanzas, la familia Chuñil sigue exigiendo lo mínimo: una investigación seria, transparente y libre de presiones empresariales. Hasta ahora, no la han tenido.
Por ello, se vuelve urgente la apertura de una investigación verdaderamente independiente, encabezada por profesionales serios y comprometidos, capaces de actuar como contraparte efectiva ante un Ministerio Público que ha demostrado graves falencias. Solo así será posible avanzar en la búsqueda real de verdad y justicia para Julia Chuñil y su familia.
Pero, además, se vuelve imprescindible articular y unificar las luchas de todos los sectores sociales que hoy son perseguidos y hostigados por el Estado. Solo con esa fuerza colectiva será posible exigir juicio y castigo para los responsables políticos y materiales de estas violencias.
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