Colombia. «La JEP está lavándole los pecados a esta gente»: hermana de cuatro víctimas del Gaula denuncia impunidad
Resumen Latinoamericano, 2 de Octubre de 2026.
En 2001, el Gaula del Ejército en Santander asesinó a Luis Alfredo y José Alexander Sandoval, a Jhon Fredy García Almeida y a Fredy Pontón Mesa. La familia, que nunca ha dejado de exigir justicia y ha enfrentado persecución y estigmatización por parte de los militares, denunció que la JEP ha sido funcional para defender a los militares y descartar a las víctimas.
Desde hace años, Carmen Sandoval Gutiérrez trabaja en la central de abastos de Bucaramanga, donde empaca moras y vende fresas, granadillas, ciruelas y uchuvas. Ella y su familia fueron víctimas de los militares, quienes, por medio del Gaula en Santander, asesinaron a los cuatro jóvenes de 24 y 25 años y los presentaron como “guerrilleros muertos en combate”. Carmen dijo: «Sentimos indignación con la JEP» y exigió que los militares sean sacados de la JEP para que sean juzgados y encarcelados.
Los hermanos Sandoval y Fredy García Almeida trabajaban con sus familias en Centroabastos, en la capital de Santander. El 5 de julio de 2001, los militares los sacaron de sus trabajos a la fuerza. Hacia las 3:30 a. m., los trasladaron en una camioneta hacia Rionegro (Santander), donde el ejército los asesinó. Integrantes del Gaula implantaron material bélico junto a sus cuerpos para presentarlos como bajas en combate. Hasta ahora, seis comparecientes del Gaula han aceptado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su responsabilidad en el asesinato de los campesinos.
Las víctimas, cuatro en total, eran hombres que trabajaban y garantizaban el sostenimiento de sus hogares. Después de eso, las familias debieron soportar hostigamientos y amenazas por parte de la fuerza pública. Tras el crimen, las fuerzas militares expusieron los cuerpos de los jóvenes como un trofeo de guerra, tal y como lo evidencian diarios de la época y declaraciones militares.
Según confirmó el Equipo Jurídico Pueblos, seis comparecientes del Gaula aceptaron ser los autores del crimen. Entre los principales responsables aparece el teniente Luis Agudelo Jaimes, quien tuvo un papel fundamental en el crimen, ya que no solo conocía el plan, sino que coordinó y firmó los informes falsos.
El 19 de junio del presente año, la JEP concedió la renuncia a la persecución penal. Esto significa que fueron archivadas las actuaciones penales, administrativas y disciplinarias contra los comparecientes. Además, se les eliminarán los cargos de sus antecedentes penales. Las familias y organizaciones de derechos humanos afirman que la decisión de la JEP sucedió a pesar de la falta de verdad y la gravedad de los hechos.
De hecho, el pasado 15 de julio, las familias de las víctimas, junto con el Equipo Jurídico Pueblos, apelaron la decisión de la JEP y reclamaron que estos hechos sean declarados crímenes de lesa humanidad.
Las críticas contra la JEP hechas por la familia coinciden con las de la Corporación Jurídica Libertad, el Equipo Jurídico Pueblos o la periodista y víctima Claudia Julieta Duque. Expresan que, si bien la JEP ha facilitado conocer algunos crímenes de lesa humanidad, en el camino ha dejado libres a varios militares y a altos oficiales del ejército. Paradójicamente, son los que se han beneficiado con las decisiones de ese tribunal surgido de los acuerdos de paz de 2016.
Colombia Informa entrevistó a Carmen Sandoval Gutiérrez. Ella era hermana de dos de los jóvenes asesinados por los militares. Sandoval accedió a conversar sobre sus denuncias contra la labor de la JEP. Afirma que los militares encarcelados han terminado libres y sin pagar ninguna sanción apropiada.
Colombia Informa: ¿Qué les ocurrió?
Carmen Sandoval Gutiérrez: La JEP dice que está reparando víctimas, pero lo que está haciendo es tapar los crímenes de lesa humanidad a nivel nacional, ya que el Gaula Santander destruyó a muchas familias. Acabó con la familia Sandoval Almeida Pontón. Cuatro jóvenes de tan solo 24 y 25 años de edad fueron asesinados en Rionegro (Santander). Dijeron que fue en un combate con el ELN, cuando eso fue totalmente mentira.
Ese día, a las tres de la mañana, salimos del barrio La Esmeralda. Nos dirigíamos hacia la central de Abastos a comprar naranjas y pescado, porque en ese momento atendíamos en las calles, en el barrio La Esmeralda, puerta a puerta. Estos hechos ocurrieron en el 2001, el 5 de julio. Brutalmente, asesinaron a mis hermanos, a Freddy y a Pontón, causándoles varias heridas. A mi hermano Luis Alfredo le pegaron 17 disparos. A mi hermano Alexander le dispararon un solo tiro en el corazón. A Freddy y a Almeida los torturaron y destrozaron, pues también tenían múltiples heridas.
Nos sentimos indignados de que la JEP, por ejemplo en una audiencia, piense que el Gaula de Santander, que acabó con toda esta familia, va a resolver con 2, 3, 4 talleres en una universidad. No es justo, pedimos no al olvido y que paguen en cárceles por estos hechos.
El Estado debe indemnizar a esta familia y hacerse responsable de las muertes de estos jóvenes, que no fueron las únicas víctimas, ya que se llevaron a sus madres y a sus hijos, porque les tocó crecer con un padre ausente, con unas madres a las que les tocaba dejarlos de casa en casa. Asimismo, nos tocó huir de pueblo en pueblo por varios años para podernos salvar, porque nos hacían persecución. En el entierro de mis hermanos nos sabotearon; venían en camionetas del ejército. Nos tocó enterrarlos, anochecer y no amanecer.
CI: ¿Y saben exactamente quiénes los asesinaron?
Carmen Sandoval Gutiérrez: En la JEP, los comparecientes señalados del crimen aparecen Libardo Pedraza Salinas, José Luis Agudelo Jaimes, José Miguel Novoa García, Edwin Gilberto Cepeda Turga, Jorge Lasso Villamizar y Efraín Niño Plazas. Ellos son reconocidos como los autores de los homicidios ocurridos el 5 de julio de 2001 en la vereda San Pedro, Rionegro (Santander).
Según Medicina Legal, José Alejandro Sandoval Gutiérrez murió a las 4 de la mañana y Luis Alfredo Sandoval Gutiérrez a las 3 y 30. Eso significa que ellos fueron vilmente torturados y masacrados. No fue en un combate como ellos dijeron.
CI: ¿Alguno de los oficiales del ejército ha pagado cárcel?
Carmen Sandoval Gutiérrez: En las recientes audiencias conocimos que el teniente que ordenó y programó la muerte de mis hermanos se encontraba en Alemania haciendo un posgrado en derechos humanos. Eso es lo más indignante. Ni siquiera se presentó; todo fue virtualmente.
Lo que le reclamamos a la JEP es que ellos no hayan aportado ni la primera parte de la verdad, de justicia y paz. ¿Cómo es posible que crearan una justicia para lavar asesinatos de lesa humanidad? Ninguno está preso, ninguno. Todos viven con doctorados y tienen a sus familias. Otros viven aquí, otros viven fuera del país. Y no es justo, porque a nosotros sí nos hicieron daño como familia.
CI: ¿A su familia la ha indemnizado el Estado colombiano por lo que hicieron los militares?
Carmen Sandoval Gutiérrez: No. Nunca, nunca. Ellos siempre se han lavado las manos. Hasta después de 24 años, supimos que el Gaula de Santander fue el que asesinó a mi familia porque ellos lo declararon.
Ellos decían en las audiencias que mandaban los casos para Medellín, Bogotá; los mandaban a muchas ciudades para que esto no llegara nunca a una conclusión. Entonces, al aparecer la JEP, supuestamente ellos hacen creer a las víctimas porque ellos cuentan cómo los mataron y así no ocurrieron los asesinatos.
Porque si usted mira las historias de los criminales, ninguna de las historias concuerda. Están fuera de lugar y hasta el momento no han hablado de los altos mandos que dieron la orden. Simplemente, están los soldados y este teniente.
Esto tuvo que haber salido de alguien grande porque el Estado como tal es una casa grandísima que tiene sus dueños, tiene sus personas de altos mandos que miran quién entra, quién no sale. Y ellos hasta el momento no han nombrado a nadie. Solamente se echan la culpa para ocultar la verdadera verdad de los homicidios que sucedieron aquí en Colombia.
Esos homicidios de lesa humanidad que el Estado cometió.
Les pedimos de corazón que divulguemos esto para que vaya a la Corte Penal Internacional de Derechos Humanos, para que investiguen y estos asesinos cumplan con cárcel. Que el Estado cumpla con esas familias que tuvieron muchos cumpleaños, muchos días de padres, muchos días de Navidad solos, aguantando hambre como nos tocó para acceder a nuestra familia mientras ellos tienen títulos y hojas de vida intachables.
CI: ¿Quién los está apoyando? ¿Qué entidades u organizaciones les han brindado apoyo a usted y a su familia?
Carmen Sandoval Gutiérrez: Hasta el momento, la única persona que nos ha apoyado en Bucaramanga es el Equipo Jurídico Pueblos. La Universidad Industrial de Santander (UIS) nos ha escuchado. De lo contrario, ninguno, nadie más. La JEP nos hace creer que nos está apoyando cuando eso es una mentira.
Ellos lo que están haciendo es una payasada y cometiendo una revictimización. ¿A quién le cabe en la cabeza creer que van a poner las imágenes de nuestros hermanos, una vela y una placa y debemos aplaudirlos, porque nos digan cómo mataron a nuestra familia? Estas personas no pueden estar libres.
No solamente mataron a la familia Sandoval Almeida; tienen más de 10 casos encima de sus hombros. Son personas que no pueden reintegrarse a la vida normal porque son personas que aman hacer daño. Personas que se comprometieron con la paz y con protegernos y lo que hicieron fue acabarnos. Estas personas no merecen estar afuera. No son aptas para la sociedad.
CI: ¿Qué le exigen a la JEP?
Carmen Sandoval Gutiérrez: Yo creo que la JEP como tal es una entidad que nos quiere hacer creer que nos está ayudando. Pero para mí esta JEP se creó simplemente para aquellos políticos de cuello blanco.
Si la JEP de verdad nos quisiera apoyar, como le dijimos al magistrado con todo lo que nosotros hemos hablado, renunciaría a los casos y los revocaría a la penal. Revocaría a esa gente para que tengan que rendir cuentas y pagar.
No limpiarles sus hojas de vida como lo están haciendo y vulnerando nuestros derechos. Yo pienso de corazón que esto es una payasada. Ellos le hacen suponer al mundo que nos están ayudando y ellos lo que están haciendo es como cuando el delincuente está en Estados Unidos y está lavando dinero.
Eso es lo que ellos están haciendo. Lavándole los pecados a esta gente. Yo opino que están fuera de lugar con todas las víctimas.
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La JEP no ha respondido a los cuestionamientos de la familia
Hasta ahora, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no ha respondido a los cuestionamientos hechos por la familia, víctima de ejecuciones extrajudiciales. El tribunal insiste en que tendrá en cuenta las declaraciones de las víctimas cuando dicte sentencia.
La última audiencia fue cancelada por la propia JEP, un tribunal de justicia transicional que también recibe ataques de la extrema derecha, la cual busca impedir su continuidad.
En julio pasado, la JEP resolvió la situación jurídica de 27 comparecientes por ejecuciones extrajudiciales en Santander y archivó los procesos tras reconocer verdad, responsabilidad y reparación simbólica. entre ellos miembros en servicio y retirados del Ejército y la Policía asignados a las unidades Gaula, así como un exagente del extinto DAS (Departamento Administrativo de Seguridad).
Fuente: Colombia Informa
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