La ambición de Pablo Gómez al frente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral es grande: generar un cambio trascendental en el modelo electoral mexicano que esté a altura de la realidad del país.
Desde sus 17 años, Gómez ha dedicado su vida a la transformación política nacional. Vivió la evolución del régimen político mexicano: desde ser preso político en Lecumberri por su participación en el movimiento estudiantil de 1968, hasta representar al Partido Comunista Mexicano como parte del primer grupo de diputados plurinominales que lograron abrirse camino en el Poder Legislativo en 1979, ante un régimen priista que trataba de promover una imagen de un México próspero mientras, al mismo tiempo, cazaba a quienes pensaran distinto.
"El pueblo mexicano ha avanzado en cuanto a conciencia política y participación, mucho más rápido que los políticos y mucho más rápido que el sistema político mexicano", asevera en entrevista para Sputnik una de las figuras históricas de la izquierda mexicana.
El diagnóstico de quien ha sido cinco veces diputado federal sobre el sistema electoral es contundente: ya no responde a la realidad.
Las reformas electorales que han ido construyendo la democracia mexicana, considera, atienden a "una situación política que ya no existe", ya que permitieron la consolidación de una fuerza política mayoritaria, que requiere de una "reforma trascendental" para responder al mandato por el cual fue elegida en las urnas.
"Eso no se reconoce por todo el mundo aquí y, mucho menos, en el mundo. No se dan cuenta que cambió el país; México cambió mucho (…). Eso requiere un sistema político reformado. No puede ser el mismo de antes. Todas las estructuras están hechas de conformidad con una situación política que ya no existe, y eso lo sabe una mayoría popular", asegura Gómez.
"Lo primero que hay que hacer es respetar el principio de la mayoría (...). De lo contrario, los derechos de las minorías tampoco son respetados", afirma.
La reforma electoral en la que trabaja la Comisión Presidencial que encabeza Gómez ha sido pospuesta desde 2022, cuando el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), intentó reducir los recursos destinados a la organización de elecciones y para los partidos políticos y eliminar la figura plurinominal en el Poder Legislativo.
Al no tener la mayoría calificada y ser bloqueado por una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el político heredó la encomienda a la actual mandataria, Claudia Sheinbaum.
"Los plurinominales son 200 diputados que están en manos de pequeñísimos grupos de dirigentes de cada partido. No están dándole voz a ninguna minoría política; le están dando voces a los burócratas partidistas que se reparten 200 curules. Nadie sabe cómo, ni dónde, ni a qué horas ni por qué. Todo es un misterio. No son actos públicos", considera Gómez.
El tema de la eliminación de plurinominales ha sido uno de los más escabrosos de la reforma electoral, principalmente por parte de los partidos opositores, Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI).
Expertos en la materia consideran que esto podría afectar la representatividad en el Poder Legislativo, mientras que otros coinciden parcialmente con el titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y sugieren una modificación a este tipo de figuras para que vuelvan a cumplir su objetivo.
La diversidad política y partidista en México, así como del funcionamiento del árbitro electoral, es un tema que conoce bien quien, hasta hace una semana, encabezaba la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gómez fue dirigente, integrante y representante ante el INE del Partido de la Revolución Democrática (PRD), una fuerza política hoy extinta a nivel nacional que, en su origen, agrupó a distintas organizaciones de izquierda tras la derrota electoral, en 1988, del entonces candidato a la Presidencia de México, Cuauhtémoc Cárdenas. Estos comicios estuvieron marcados por las acusaciones de fraude electoral en contra de quien fue declarado ganador, el priista Carlos Salinas de Gortari.
Esta convulsión política también dio origen al Instituto Federal Electoral (hoy INE), un organismo autónomo que se encarga de organizar y vigilar las elecciones y cuya existencia ha sido defendida como un elemento crucial para la vida democrática de México; representó, por primera vez, que el Gobierno en turno no se encargara de la organización de los procesos electorales.
Por ello, cuando López Obrador propuso transformarla en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), amplios sectores políticos afirmaron que se estaba destruyendo la democracia y convocaron a marchas multitudinarias.
"Ojalá la oposición hiciera propuestas, en lugar de estar previendo que la democracia ya se murió o está por morirse. Hay que hablar en serio, porque oímos demasiadas bromas. Hay una picaresca política, así como muy desaforada. Creo que ya es momento de que la gente que participa en la lucha política hable en serio y se ponga a hacer el análisis", espeta el también autor de obras como Democracia y crisis política en México (ECP ,1976) y Libro Negro. La elección del 2015 y sus autoridades (Representación del PRD ante el INE, 2016).
Gómez es severo con sus críticas al órgano electoral y rechaza que en, algún momento de su historia, haya sido imparcial. Reconoce que tuvieron victorias para cambiar esta situación, pero el diagnóstico es que requiere una transformación profunda en la que, no descartan, los consejeros sean elegidos popularmente.
Sobre la posibilidad de considerar al INE o a quienes han trabajado en el organismo —como solicitaron algunos exconsejeros recientemente en una carta— para la redacción de la reforma electoral, el experto afirma que la dependencia "no tiene mandato popular para redactar leyes" y adelantó que, si las consejerías desean externar su opinión como ciudadanos, "nadie los va a detener" porque "en México hay libertad de manifestación de las ideas".
"Nadie les va a prohibir lo que ellos prohíben a veces. Ellos sí [impiden] a los órganos ejecutivos del Estado que digan cosas", acusa en referencia a las distintas medidas que el Instituto impone en procesos electorales a las entidades gubernamentales bajo el argumento de evitar la promoción de candidaturas y afectar la equidad en las contiendas.
Estas críticas han sido constantes durante los dos gobiernos de la Cuarta Transformación, al igual que la relacionada con la cantidad de recursos que recibe el INE y que, de acuerdo con el oficialismo, se destinan más a privilegios que en verdaderamente cumplir una función de organización electoral.
"El problema no es la cantidad que se gasta, sino por qué y para qué. Si tú tienes un aparato que trabaja intensamente un año con desvelos y jornadas excesivas, pero descansa dos años, quiere decir que ese aparato puede resolver el problema [de gestión de recursos] de otra manera más racional. Lo que hay que hacer es la cuenta de lo que tenemos, la crítica, el análisis sereno de lo que tenemos, y de las posibilidades de tener algo que funcione mejor y que no represente tanto gasto. Considero que sí hay soluciones sin que trabe la fuerza del aparato administrativo electoral ni al aparato jurisdiccional electoral", comenta el también exsenador.
Desde su perspectiva, labores de educación cívica, por ejemplo, no deben estar en manos del INE, así como tampoco la facultad para definir la elegibilidad de los candidatos o la posibilidad de anular una victoria electoral, como se trató de hacer con algunos ganadores de la elección del Poder Judicial, pero que, finalmente, fue impedido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Asimismo, Gómez estima que el "INE no tiene por qué ser cercano a la ciudadanía", sino enfocarse a garantizar la realización de campañas y elecciones, sin poner trabas para que las fuerzas políticas puedan, de manera clara, comunicar sus ideas y propuestas.
"¿Spots de 10 segundos? ¿Qué es eso? Esa no es una comunicación política, esa es una incomunicación política. Si no estamos vendiendo jabones. El problema no es el tiempo, sino la manera de fraccionarlo (…). Lo que hacemos con las campañas es congestionar a los medios con un montón de spots como si vendiéramos jabones (…). Hay que examinar este sistema. ¿Quién está contento con él?", subraya.
Y es que la ambición de crear una reforma electoral trascendental no queda solo en territorio mexicano.
Se busca incrementar la participación de connacionales que viven en el extranjero y que, en la elección federal pasada, se enfrentaron a un proceso de registro complejo que se volvió tema nacional luego de que el INE reportó casi 40.000 irregularidades en la inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, requisito indispensable para ejercer el voto extraterritorial.
"Hay que ponernos de acuerdo, que llegue un consenso nacional y también con los migrantes. Si los migrantes no participan en el diseño de las cosas, nunca van a ir a votar. ¿Cuál es el sentido de su voto? Hay que ver todo eso, se tiene que cambiar, tiene que mejorarse, tiene que promoverse".
Una reforma con la opinión de todos
La tarea de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral es amplia. Apenas fue conformada, por decreto, el 4 de agosto. Se trata de un órgano que busca reunir las opiniones sobre el sistema electoral y generar un consenso para redactar una propuesta de reforma que evite una nueva polémica legislativa.
Incluso, se ha hablado de una consulta ciudadana para conocer la opinión del mexicano de a pie y juntarla con la de especialistas en la materia y de la clase política.
Esta comisión la integran personajes cercanos a la presidenta Claudia Sheinbaum y a Morena:
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Merino.
La titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy.
Sobre la asignación de sus colegas, Gómez considera que se trata de una selección "magnífica".
Hasta el momento, no se han reunido, pero ya se coordinan para empezar a definir un programa de trabajo defina cómo se consultarán temas como: libertades políticas; sistema, financiamiento y fiscalización de partidos; regulación de la competencia política electoral; libertad de difusión de ideas; sistemas de votación y de cómputos fuera y dentro de México; autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales, y hasta la inmunidad de funcionarios públicos electos.
El titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral lanza la convocatoria para hacer el análisis de la iniciativa y espera que "muchas voces, muchas fuerzas", provenientes del ámbito político, académico, empresarial, popular y sindical participen en este "examen serio" del sistema electoral mexicano y de la democracia.
"Espero una reforma importante, trascendental, que exprese la crítica de las viejas normas, de todo lo que implica reformar para dotar al país de algo que esté a la altura de su realidad", concluye Pablo Gómez.
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