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Diario electrónico POLITIKA
El ciclo Kast: del miedo a las urnas, de las urnas a La Moneda, y de La Moneda a los bolsillos de los Súper Ricos
Es la culminación de una estrategia de poder que bien podría llamarse, sin ironía, la Ley de Seguridad Económica para los Súper Ricos.
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escribe Luán Muñoz - Mg, en Políticas Públicas
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Primero nos hablaron de emergencia nacional. Luego recortaron salud y educación con la excusa de la austeridad: $517 mil millones menos en hospitales, $524 mil millones menos en escuelas. Después, bajo el mismo manto de urgencia, lanzaron una reforma que regala US$4.393 millones al año al 1% más rico. No es reconstrucción. Es una Ley de Seguridad Económica para los Súper Ricos, pagada por las mayorías.
José Antonio Kast quiere que miremos su paquete económico como si fuera una respuesta de emergencia. Como si el país estuviera frente a una catástrofe y él, con gesto grave y voz de estadista, hubiese decidido hacer lo necesario para levantar a Chile. Pero cuando uno corre el barniz, ordena los números y separa la propaganda del contenido, lo que aparece no es una política de reconstrucción. Es otra cosa: una transferencia masiva de recursos hacia la cúspide de ingresos, envuelta en el lenguaje de la urgencia nacional.
Existe una secuencia política reconocible: primero se cultiva el miedo; luego se cosechan votos con la promesa del orden; finalmente, ya en el poder, se usa ese mandato de emergencia para implementar políticas que concentran riqueza en las élites. La “Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social” presentada por Kast constituye la materialización más nítida de ese ciclo en Chile. No es una ley pensada para los damnificados de los incendios forestales, aunque se vista con ese ropaje humanitario. Es la culminación de una estrategia de poder que bien podría llamarse, sin ironía, la Ley de Seguridad Económica para los Súper Ricos.
El ajuste que anunciaron: números duros de los recortes
Cuando Kast llegó a La Moneda, su primera medida no fue reconstruir nada, sino ordenar un recorte transversal del 3% en el presupuesto de todos los ministerios. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, firmó un oficio estableciendo esa reducción, con un recorte adicional que en total suma 4 mil millones de dólares. La cifra es enorme, pero vale la pena desglosarla en lo que significa para la vida cotidiana de las personas.
En salud, el recorte asciende a $517.532 millones. Eso equivale a más de 500 mil consultas de especialidad que no se realizarán, o a la pérdida de cerca de 3 mil camas hospitalarias durante un año. Los gremios del sector fueron claros: el sistema ya operaba con listas de espera críticas, y este ajuste profundizará la demora en atenciones oncológicas, quirúrgicas y de urgencia.
En educación, el recorte alcanza los $524.000 millones. Esa cifra representa el sueldo anual de aproximadamente 17 mil profesores de aula. O el equivalente al 23% de todo el gasto en personal de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). El propio Ministerio de Educación se resistió al recorte, advirtiendo que no hay margen sin afectar compromisos legales como la alimentación escolar o el transporte de estudiantes rurales.
En seguridad, el recorte fue de $72.000 millones, lo que implica menos recursos para patrullajes y fiscalización. En total, solo entre estas tres carteras, el gobierno recortó más de 1.100 millones de dólares. El gobierno llamó a eso “austeridad”. Pero la austeridad, pronto se vio, no era un fin en sí misma. Era el preámbulo de una operación mucho más ambiciosa: liberar recursos fiscales para luego, con la excusa de la reactivación, transferírselos a los que menos lo necesitan.
La “Ley de Seguridad Económica para los Súper Ricos” en números
El corazón del proyecto no es el bono para damnificados, sino una reforma tributaria de alto impacto regresivo. Su costo total asciende a US$4.393 millones anuales, equivalente al 1,2% del PIB. ¿En qué se gasta ese dinero? No en obras públicas ni en subsidios a la clase media. En rebajas de impuestos para grandes empresas y los patrimonios más altos.
Primera medida: rebaja del impuesto corporativo.
El gobierno propone reducir el Impuesto de Primera Categoría (IDPC) del 27% actual al 23% en tres años. Cada punto de rebaja cuesta US$472 millones anuales. Los cuatro puntos suman US$1.888 millones al año. Para que la ciudadanía dimensione: esa sola rebaja equivale a cuatro veces el subsidio nacional al transporte público (que este año es de US$476 millones). Kast nos quiere dejar a pie para que los súper ricos tengan su séptima casa.
Pero el dato más revelador no es el costo, sino quién se beneficia. Según proyecciones del propio Ministerio de Hacienda, el 79,1% del beneficio de esta rebaja se lo lleva el 1% de mayores ingresos, y el 49,1% termina concentrado en el 0,01% más rico. Estamos hablando de apenas 1.505 personas. Ese es el verdadero sujeto protegido por esta reforma. No la pyme que pelea por llegar a fin de mes. No la familia que se endeuda para pagar remedios. Ellos no están al centro de esta historia. Están, una vez más, pagando la cuenta.
Segunda medida: reintegración completa del sistema tributario.
El proyecto propone volver al sistema 100% integrado, donde el impuesto pagado por la empresa se descuenta íntegramente del impuesto personal de sus propietarios. El costo fiscal: US$965 millones anuales. Y el beneficio no se reparte: el 75% de ese monto se lo llevan las personas con ingresos superiores a $8,4 millones mensuales, apenas el 1,6% de los contribuyentes.
Tercera medida: crédito al empleo (un subsidio sin control).
Se otorgará un crédito tributario del 15% de la remuneración bruta a las empresas que contraten o mantengan trabajadores de bajos salarios. El costo: US$1.400 millones anuales. Suena bonito, pero el diablo está en los detalles: no exige nuevas contrataciones. Una empresa puede recibir la plata por los mismos trabajadores que ya tenía, sin invertir un peso adicional. Es un regalo sin control, disfrazado de política laboral.
Cuarta medida: invariabilidad tributaria por 25 años.
El proyecto reinstala un estatuto que congela por hasta un cuarto de siglo las condiciones impositivas para grandes proyectos de inversión. Mientras los trabajadores enfrentan inflación e incertidumbre laboral, los grandes inversionistas gozan de certeza fiscal blindada por generaciones.
Sumando todo, el paquete alcanza los US$4.393 millones anuales. Eso es más que todo el presupuesto de salud primaria de Chile. Es casi el doble del presupuesto de Junaeb. Es equivalente a financiar íntegramente la gratuidad universitaria durante un año y medio.
La doble estafa: recortan de un lado y regalan del otro
La operación es brutalmente coherente. Por un lado, el gobierno recorta $517 mil millones de salud y $524 mil millones de educación. Por otro, regala US$4.393 millones a los súper ricos. El resultado: por cada peso que le quitan a un enfermo o a un niño, le regalan cuatro pesos al que ya tiene todo.
Y atención: el propio gobierno anunció que para “compensar” el agujero fiscal de esta reforma, recortará otros US$4.000 millones del gasto público. ¿De dónde saldrán? No de las grandes empresas ni de las exenciones a los ricos. Saldrán de más camas cerradas, más profesores despedidos, más transporte público encarecido. La clase media y los pobres pagan el show, y los de siempre se llevan la taquilla.
La mentira del chorreo y el ciclo que se repite
Kast y su equipo repiten el mantra neoliberal que Chile ensayó durante décadas: bajar impuestos a los ricos hará que inviertan más, y esa inversión generará empleo y bienestar para todos. Es la vieja teoría del chorreo de los 30 años, refutada por la propia experiencia chilena y por la evidencia internacional. Estudios del FMI y de la OCDE han mostrado que las rebajas tributarias a las grandes empresas no se traducen en inversión productiva, sino en recompra de acciones, aumento de dividendos y fuga de capitales.
Pero Kast no necesita evidencia. Su proyecto no es técnico: es ideológico. Por eso lo más inquietante de este proyecto no es solo su contenido económico, sino su lógica política. Kast entiende la emergencia no como un mandato de solidaridad, sino como una oportunidad de reconfiguración regresiva. Una crisis, en esta mirada, no obliga a proteger a quienes quedan más expuestos; obliga a acelerar reformas que, en condiciones normales, encontrarían más resistencia. Se recorta con la excusa de la responsabilidad, y luego se redistribuye hacia arriba con la excusa del crecimiento. Ese es el ciclo. Miedo, ajuste y premio a los de siempre.
Lo que realmente está en juego
La “Ley de Reconstrucción Nacional” no es un plan para ayudar a los damnificados de los incendios. Es una Ley de Seguridad Económica para los Súper Ricos envuelta en el lenguaje de la emergencia permanente. Por eso la discusión no puede reducirse a si una cifra era 1,1 o 1,2% del PIB. La discusión de fondo es otra: qué país se está intentando construir con estas prioridades.
Porque cuando te recortan el Estado por abajo —$517 mil millones de salud, $524 mil millones de educación— y regalas US$4.393 millones al año al 1% más rico, no estás frente a una reconstrucción: estás frente a una transferencia de riqueza con nombre de ley, una estafa de cuello y corbata, muchas banderas tricolores y una soporífera cadena nacional. Kast no puso la emergencia al servicio de la gente; puso la emergencia al servicio de la seguridad económica de los súper ricos. Y eso no se aplaude, no se negocia, no se normaliza: se denuncia en la calle, en el parlamento y en cada junta de vecinos, porque cuando el sacrificio siempre lo pagan los mismos, no es austeridad: es saqueo.
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