Exigimos al Gobierno el bloqueo y decomiso de la carga del buque “Trans tind” en el puerto de Cartagena
La inmovilización e inspección de la carga poniendo el foco en su carácter agrícola no es suficiente. La implicación de la empresa ICL en la economía de la ocupación es evidente.
Pese al anuncio de la Delegación del Gobierno de la Región de Murcia respecto a la inmovilización y revisión de la carga del buque “TRANS TIND”, consideramos insuficiente la medida de inspección acordada para verificar únicamente si la mercancía es para uso agrícola o no. Como hemos venido manifestando, lo relevante no es si la carga se va a usar para fertilizantes, sino si la mercancía proveniente de Israel forma parte del comercio con la empresa israelí ICL, que se beneficia de la ocupación militar de Palestina.
ICL es una empresa multinacional israelí cuyo papel en la ocupación que tiene lugar en Palestina está demostrado y denunciado por diferentes organismos, por lo que permitir cualquier tipo de intercambio comercial con esta empresa implica complicidad con la denominada economía de la ocupación, definida así por la relatora especial de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese.
Pruebas de la complicidad de ICL son su programa “Apadrina un soldado”, a través del cual colabora con el Ejército israelí, destinando sus beneficios empresariales al sostén del gobierno de Israel y su política de ocupación militar de Palestina. Además, es la filial de ICL en EE.UU la que provee de fósforo blanco a Israel, el mismo que luego es utilizado para fabricar las bombas usadas en Gaza, tal y como ha sido reportado por Amnistía Internacional.
En España, aparte de en la región de Murcia, donde la empresa también colabora con la Universidad Politécnica de Cartagena, ICL Iberia está presente en diferentes territorios tales como Cataluña, Valencia y Mallorca, donde su actividad extractivista ya ha sido catalogada por el Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo como cómplice con la ocupación y el genocidio en curso, sin entrar en el grave daño medioambiental y de deuda que ha generado en el territorio español y que hace tiempo es denunciado por la campaña Boicot ICL.
Exigimos al Gobierno que bloquee y decomise la carga, así como prohiba futuras operaciones comerciales con empresas que participen de la economía de la ocupación. De lo contrario, estaría vulnerando el dictamen de la CIJ de julio de 2024, aprobado con el voto a favor de España, el cual exige a los países medidas para impedir “relaciones comerciales y de inversión” que refuercen, faciliten o mantengan la ocupación ilegal israelí.
Si el Gobierno no actúa en este sentido, estaría contradiciendo su propio paquete de medidas, anunciado por Pedro Sánchez el pasado lunes 8 de septiembre. Esta situación evidencia una vez más que la complicidad con el genocidio y la ocupación ilegal de Palestina no se puede detener solamente con palabras y buenas intenciones, sino que es necesario legislar para la adopción de medidas reales que contribuyan al fin del genocidio, de la ocupación y el régimen de apartheid.
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