lunes, 5 de julio de 2010

Hacemos llegar a ustedes respecto al eventual indulto vicentenario ----Informe que maneja el gobierno fija en 209 los condenados por casos de DD.

punta arenas 04 de Julio del 2010
SEÑOR
EDITOR DE AGRUPACION SOLIDARIA DE MAGALLANES
PRESENTE
Hacemos llegar a ustedes respecto al eventual indulto vicentenario.
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Informe que maneja el gobierno fija en 209 los condenados por casos de DD.HH.

El documento del Centro de Derechos Humanos de la UDP, con que trabaja el Ministerio del Interior, indica que todos los ex militares condenados tienen penas de homicidio y secuestro. El tema complica a La Moneda, ya que un eventual indulto Bicentenario también puede generar un mensaje equívoco en la lucha contra la delincuencia.

por José Miguel Wilson y Lorena Ferraro


El gobierno está a la espera de la propuesta de indultos Bicentenario de la Iglesia, que será entregada a mediados de julio.

Alrededor de 10 minutos destinó ayer el Presidente Sebastián Piñera en su almuerzo de trabajo con parlamentarios oficialistas para abordar la idea del indulto Bicentenario, promovido por la Iglesia. La propuesta, que será entregada al gobierno en julio, dejaría abierta la posibilidad de incluir a ex militares condenados en casos de DD.HH.

Según algunos presentes, ayer el Mandatario dio a entender que el tema le incomodaba, ya que no está en su agenda de gobierno y, además, podría ser visto como una mala señal en el combate a la delincuencia.

Un informe estadístico elaborado por el Centro de DD.HH. de la Universidad Diego Portales, que también es manejado por el Ministerio del Interior, señala que los condenados "a firme" por este tipo de causas alcanzan las 209 personas, entre ex uniformados y ex agentes civiles.

Pero -según coinciden distintas estimaciones- ese número se reduce a una cincuentena, que aún permanece en prisión, ya que varios han completado su pena y otros han fallecido. En el gobierno dicen no tener un catastro final.

Según los datos, todos los sentenciados en causas de DD.HH. tienen penas por delitos de homicidio y secuestro. Por lo tanto, si se beneficia a un ex militar implicado en un hecho de sangre, se corre el riesgo de favorecer a un delincuente común, condenado por crímenes de la misma tipificación, ya que una ley de indulto general fija criterios parejos para todos. Por eso, el gobierno ha puesto como filtro preliminar que no se beneficiará a personas implicadas en delitos graves, lo que dejaría afuera a los casos de lesa humanidad.

Sin embargo, ayer diputados, como los UDI María Angélica Cristi, Jorge Ulloa y el RN Alberto Cardemil, le pidieron estudiar beneficios carcelarios a ex militares, en base a un criterio "caso a caso". La Constitución también le otorga al Presidente esta facultad. Frente a esta última petición, algunos presentes comentan que Piñera no se pronunció.

Las dudas de La Moneda

En la cita, Piñera sostuvo que la gente evalúa mal un posible indulto, especialmente si beneficia a delincuentes. Esta fue una de sus críticas reiteradas a Frei en la campaña.

Algunos como el diputado Nicolás Monckeberg le advirtieron que rechazarán beneficios a narcotraficantes.

"Una ley de indulto va en la línea opuesta a lo que la gente espera de este nuevo gobierno", comentó tras la reunión la senadora RN Lily Pérez.

Consultada la vocera de Gobierno, Ena von Baer, dijo que "vamos a esperar la propuesta específica de la Iglesia, siempre salvaguardando una cosa que para nosotros es muy importante, la seguridad pública".

El ministro de Justicia, Felipe Bulnes, señaló que "hay que combinar las nociones de misericordia con las consideraciones de seguridad ciudadana y, en este sentido, desde ya transmitir que no vamos a optar por ninguna medida que implique dar una señal equívoca".
por otro lado cabe destacar .
La polémica tras el indulto de Ricardo Lagos

El año pasado en la sede de la Fundación de Ricardo Lagos, el diputado PPD Tucapel Jiménez sostuvo una reservada cita con el ex mandatario. Allí, le preguntó por primera vez por qué en su gobierno indultó al suboficial Manuel Contreras Donaire, condenado por el asesinato de su padre, el líder sindical Tucapel Jiménez, en 1982.

Según relata el diputado, Lagos respondió que "le habían dicho que (el uniformado) estaba enfermo" y "admitió como un error no haberse comunicado con nosotros", antes de entregar el beneficio. Jiménez le rebatió que no entendía sus razones y que fue la peor decisión de su gobierno. El indulto de agosto de 2005 fue el único por casos de DD.HH. en los gobiernos de la Concertación y sorprendió pues el ex uniformado, que había cumplido parte de su condena, nunca reconoció su participación en el crimen.

El indulto se entendió como un gesto al entonces jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, por sus gestiones en la reconciliación. Las versiones de que el suboficial padecía cáncer fueron negadas por su entorno. En octubre de 2008 Contreras, quien registra una casa en Arica, pero residía en Puente Alto, contrajo matrimonio con María Ruiz, su segunda esposa.

recibido y reenviado por


Agrupación Solidaria de Ex Presos Políticos y Torturados de Magallanes

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